El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, han entregado este martes al fiscal, Jorge Díaz, los archivos recién hallados de inteligencia y operaciones militares en la dictadura de entre 1973 y 1985.

Los archivos fueron hallados por personal del Ministerio de Defensa en la unidad militar del Grupo de Artillería 5 de Montevideo, que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974.

En la entrega de los documentos al fiscal, el ministro de Defensa ha indicado que se trata de información “valiosa” que servirá para dar un contexto histórico e investigar estos delitos.

“Vamos a tomarnos 24 o 48 horas para determinar si este material lo vamos a enviar a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad o también si otra tiene competencias”, explicó García este martes, cuando, junto al mandatario uruguayo, se ha reunido también con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para abordar los archivos.

Los mismos se han entregado también a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con la que ha contactado Lacalle Pou, según informado el ministro.

Tras las reuniones con la Fiscalía y la organización, el Ministerio de Defensa ha publicado los archivos en su página web.

El contenido de los archivos

Los documentos se aglutinan en cinco libros y dos carpetas en los que se registran órdenes del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que operaban como los principales organismos de inteligencia y represión durante la dictadura.

En concreto, García ha detallado que se trata de material que contiene información sobre solicitudes de capturas, inteligencia sobre personas, organizaciones políticas, sindicales, sociales, partes operativos de militares, procesamientos, información de gente infiltrada, declaraciones de detenidos, información sobre actividad del Ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país.

Además, hay registros de partes especiales de información de los años 1972, 1973, 1977, y de división interior del año 1986, ha apuntado.

El Gobierno señala que tanto la INDDHH como la Fiscalía podrán valorar la relevancia del hallazgo, vincular nombres, situaciones, operativos e investigaciones ya realizadas, lo que determinará la manera de proceder.