Uno de los proyectos estrella de la actual legislatura española, la Ley de Memoria Democrática, incluirá la posibilidad de investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Francisco Franco. Luego de negociaciones con distintas fuerzas políticas, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, los partidos gobernantes en España -el PSOE y Unidas Podemos- podrán sacar adelante la iniciativa, pero con atribuciones más amplias de las que tenían en mente.
Desde el oficialismo se encontró una fórmula para forzar una interpretación distinta de la Ley de Amnistía aprobada en 1977, y que se ha usado durante todos estos años para detener las investigaciones relacionadas con los crímenes del franquismo.
Lo que pretendían los partidos como ERC era anular por completo la amnistía, pero al menos el cambio impulsado por el gobierno permitiría aplicar el derecho internacional vigente, que entre otras cosas declaran como “imprescriptible y no amnistiable” el genocidio y la tortura.
En un principio, la Ley de Memoria Democrática pretendía reformar la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que entre otras cosas reconoció a todas las víctimas de la Guerra Civil Española (entre 1936 y 1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (entre 1939 y 1975).
Entre muchas medidas, la ley cambiaría la denominación del Valle de los Caídos –un monumento a Primo de Rivera y los muertos franquistas de la Guerra Civil– a Valle de Cuelgamuros, su nombre original. Por otra parte, los retratos de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse en lugares públicos, y se suprimirán títulos nobiliarios concedidos a personajes del régimen.
Además, esta nueva legislación estiraría hasta 1982 la consideración de “víctima del franquismo”, en vista de las muchas personas que murieron en España durante la transición a la democracia y la violencia política del periodo. La iniciativa también contempla la posibilidad de que hijos de brigadistas internacionales –combatientes extranjeros por el bando republicano en la Guerra Civil– puedan solicitar la nacionalidad española, junto con la creación de una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática.
Ahora bien, grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos con representación en el Legislativo habían planteado la posibilidad de “retirar el título de rey” y terminar con la monarquía en España, en vista de que esta tendría origen en la dictadura franquista. Aparte, estaba la intención de derogar por completo la Ley de Amnistía de 1977, exigencia particularmente defendida por Esquerra Republicana de Catalunya.
En un punto medio, pero con la idea de conseguir la aprobación de su ley, los partidos en el Ejecutivo PSOE y Podemos formularon la enmienda que permitiría la investigación a los delitos del franquismo. La enmienda, negociada y publicada este miércoles, señala: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
La Ley de Amnistía, aprobada en plena transición a la democracia, era desde ya una línea que el PSOE no quería saltar: cuando se legisló en 1977, la idea era permitir que miles de presos políticos del franquismo pudiesen salir a la calle, y era vista como un logro para los demócratas durante esa época. Para el Partido Socialista Obrero Español, esta ley forma parte del pacto que se hizo para conseguir la posterior Constitución de 1978.
Esta norma extinguía cualquier responsabilidad penal por “todos los actos de intencionalidad política (…), cualquiera que fuese su resultado”, cometidos antes de 1977. El problema vino después, cuando a través de esa misma amnistía, los personajes más importantes del franquismo se escudaron en miras a detener las investigaciones y no poder ser juzgados.
Fue así como con los años, cualquier intento de juzgar los asesinatos, ejecuciones y torturas durante el franquismo chocaba con el muro de la Ley de Amnistía. Ahora bien, tanto por el tiempo que ha pasado como por la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ya ha sentado al respecto, los expertos señalan que es más bien difícil que haya un procesamiento concreto de los criminales franquistas.
Actualmente, gran parte de los responsables del franquismo han fallecido, aunque quedan algunos como Rodolfo Martín Villa, que está siendo procesado en Argentina, y que ostentó varios cargos políticos de relevancia durante la dictadura franquista. Se le acusa de la responsabilidad de cuatro muertes cuando era miembro del gobierno.
El número de víctimas del franquismo, tanto durante la guerra civil como durante la dictadura, no está del todo esclarecido: hasta el día de hoy se siguen encontrando fosas con muertos, de un régimen que además de ejecutar hizo desaparecer a miles de personas. El año 2008, el juez Baltazar Garzón recibió el nombre de más de 140 mil personas que habían desaparecido durante la dictadura de Franco. El Valle de los Caídos, por su parte, es la mayor fosa común de España: se trasladaron ahí 33 mil cuerpos.
