El gobierno español cerró este miércoles el paso a una reelección del independentista Carles Puigdemont como presidente regional de Cataluña, obligando a los independentistas a escoger entre renunciar a su líder para dirigir la región o celebrar unas nuevas elecciones.
En una reunión extraordinaria, el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy decidió recurrir al Tribunal Constitucional una reforma legal del Parlamento catalán para permitir una presidencia telemática de Puigdemont, actualmente en Alemania y pendiente de un proceso de extradición a España.
"Ningún candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlamento", afirmó en una rueda de prensa el portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo, subrayando que Puigdemont es "un prófugo de la justicia".
Cuando el Constitucional, que ya impidió en enero una investidura a distancia del líder independentista, acepte a trámite el recurso, la reforma quedará suspendida cautelarmente, dejando sin opciones a Puigdemont de ser presidente.
Su grupo parlamentario, Juntos por Cataluña, había anunciado el sábado que intentarían investir a Puigdemont el 14 de mayo para cumplir con su promesa electoral de devolverle a la presidencia de la que fue cesado a finales de octubre por el gobierno central tras la fallida declaración de independencia.
Pero ya dejaron entrever que si no era posible, presentarían un candidato alternativo para formar un gobierno en la región que lleva seis meses controlada directamente por Madrid.
Antes de la reunión, Rajoy había afirmado en el Congreso que su objetivo es "que se forme gobierno en Cataluña y acabemos con una situación de provisionalidad que no conduce absolutamente a nada".
"Ya está bien de marear la perdiz", aseveró.
Los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento catalán desde las elecciones de diciembre, pueden escoger presidente antes del 22 de mayo, fecha en que se deberían convocar nuevas elecciones si se mantiene el bloqueo.
Hasta el momento, todos los candidatos presentados a la presidencia fueron bloqueados por la justicia: Puigdemont estaba en el extranjero y sus dos sucesores, el activista Jordi Sánchez y al exportavoz gubernamental Jordi Turull, se encuentran en prisión.
Como a otros siete líderes independentistas, el juez del Tribunal Supremo a cargo de la investigación del intento de secesión de octubre les decretó prisión preventiva al procesarlos por rebelión, desobediencia y malversación.
