El gobierno español de Pedro Sánchez y el ejecutivo separatista catalán reanudarán el diálogo la tercera semana de septiembre para tratar de resolver la mayor crisis política en décadas, anunciaron este martes ambas partes, reconociendo grandes diferencias en sus posiciones de partida.
“La tercera semana de septiembre, en Barcelona, se producirá la reanudación de la mesa de negociación para abordar el conflicto político entre los dos gobiernos”, anunció el presidente regional catalán, Pere Aragonès, tras reunirse en Madrid con Pedro Sánchez.
“Celebramos haber podido desencallar este espacio de negociación”, comentó.
El anuncio se produjo una semana después de que el gobierno de Sánchez, minoritario en el Parlamento español y dependiente del separatismo, indultara a nueve líderes catalanes encarcelados por el intento fallido de secesión de 2017.
Con este gesto, muy criticado por la oposición de derecha, Sánchez dijo querer abrir una nueva etapa en Cataluña, donde en la última década el pulso soberanista partió a la sociedad catalana en dos, entre partidarios y detractores de la secesión.
Entre los indultados está el ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), al que pertenece el actual presidente catalán.
En Madrid, Aragonès se presentó este martes con sus exigencias de máximos: un referendo de autodeterminación para Cataluña, y amnistía para todos los encausados por el intento de secesión de 2017, según dijo en rueda de prensa.
Dos extremos que el ejecutivo español rechaza, tal como subrayó con firmeza la portavoz María Jesús Montero, minutos después, afirmando que “en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de esas cuestiones”, la autodeterminación y el referendo.
Montero reconoció que ambas partes reanudarán el diálogo político con diferencias “abismales” en sus planteamientos de base, y apostilló que “el gobierno no es ingenuo, y sabe que este camino no es un camino fácil”.
En cualquier caso, Montero explicó que el ejecutivo español está abierto a ampliar aún más la autonomía de Cataluña, que ya goza de extensos poderes (educación, sanidad, policía propia, gestión de prisiones). E insistió, como hiciera Sánchez a propósito de los indultos, en la idea de “abrir una nueva etapa en Cataluña” y “romper con una dinámica de confrontación”.
Tanto Montero como Aragonès añadieron que, en paralelo a esa mesa de negociación entre gobiernos, se desarrollarán una serie de trabajos en una comisión bilateral entre el gobierno central y el catalán.
En esa comisión, que debe reunirse en julio, se hablará de la posibilidad de que el Estado invierta más dinero en infraestructuras en Cataluña.
Una demanda habitual de los ejecutivos de la región, y que se verá favorecida por la próxima llegada a España de los fondos europeos de recuperación pospandemia, NextGeneration.
Aragonès criticó por otro lado al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del gasto público en España, por reclamarle 5,4 millones de euros a decenas de ex dirigentes catalanes implicados en el proceso fallido de independencia.
Dicho requerimiento, que trascendió este martes, concierne entre otros a Junqueras y también a Carles Puigdemont, presidente catalán cuando se celebró el referendo ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y actualmente huido de la justicia española en Bélgica.
Según Aragonès, el requerimiento del Tribunal de Cuentas es sinónimo de “persecución” al secesionismo.
