Asediado por la agudización de la crisis del movimiento de los "chalecos amarillos", el Gobierno francés inició hoy una intensa ronda de consultas con responsables de partidos con representación en el Parlamento, en un intento por frenar el descontento popular y evitar nuevos incidentes violentos.
Desde las 08.30 hora local hasta las 21.00, el Palacio de Matignon, residencia oficial del primer ministro, Édouard Philippe, es escenario de un trajín inusitado, que precede a un debate el miércoles en la Asamblea Nacional y el jueves en el Senado.
El desencadenante es la protesta que en su origen motivó el alza de las tasas del carburante y que este pasado sábado, el tercero consecutivo, reunió a 136.000 personas en diferentes puntos de Francia.
Aunque no llegaron a las 166 mil del día 24 o a las 282 mil del 17, las escenas de guerrilla urbana registradas en París, donde la alcaldía evalúa las pérdidas en entre tres y cuatro millones de euros, han llevado al Ejecutivo a acelerar sus iniciativas para dar un giro a la situación.
Gran parte de los responsables de la oposición pidió hoy como medida inmediata al jefe de Gobierno una moratoria en la subida del impuesto a los combustibles.
"Es la única manera de que esta discusión sea creíble", indicó el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, quien reclamó igualmente "un cambio de rumbo y de método" para que el debate anunciado pueda tener lugar "en buenas condiciones y permitir que se puedan encontrar lugares de mediación".
Para Laurent Wauquiez, líder del mayor partido de la oposición, el conservador Los Republicanos, el debate en sí ya no basta para calmar los ánimos y son necesarias medidas concretas.
"No tenemos la impresión de que (las autoridades) sean conscientes de la rabia" de la población, lamentó a la salida de su encuentro con Philippe.
La presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, exigió soluciones "importantes e inmediatas", mientras que el dirigente de la centrista Unión de los Demócratas e
Independientes (UDI), Jean-Christophe Lagarde, advirtió de que, si no hay gestos simbólicos, la situación "va a explotar".
El sábado pasado, la manifestación se saldó con 682 detenciones en toda Francia (412 en París) y 263 heridos, entre ellos 5 graves y 81 miembros de las fuerzas del orden, además de decenas de coches incendiados y daños en el material urbano.
Matignon anunció este lunes que habrá nuevas medidas para minimizar la crisis, en la que se ha llegado a pedir la dimisión del presidente francés, Emmanuel Macron, o la disolución de la Asamblea Nacional.
Pero, de momento, los "chalecos amarillos", pese a la violencia registrada durante sus protestas, parecen haber ganado la batalla entre la opinión pública, pues el 72 % de los franceses les apoya, según un sondeo de Harris Interactive efectuado ayer y difundido hoy.
En las redes sociales se ha convocado ya una nueva jornada de protesta para el próximo sábado, aunque los disturbios registrados han comenzado a dividir a un movimiento de por sí heterogéneo y sin portavoces oficiales.
En una columna publicada este domingo en Le Journal du Dimanche, un grupo de autoproclamados representantes de esos "chalecos amarillos" se mostró contrario a toda radicalización y partidario del diálogo con el Ejecutivo, previsto para este martes, pero bajo el riesgo de ser anulado.
Entre tanto, continúan los bloqueos en rotondas, autopistas, carreteras y accesos a complejos petroleros en diversos puntos del país.
La actividad económica se está resintiendo en Francia como consecuencia de las protestas de los "chalecos amarillos" desde hace más de dos semanas, con caídas en particular en los servicios, pero también en la industria y un impacto que el Gobierno calificó hoy de "severo".
El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dijo a la prensa que se han constatado caídas "del orden del 15 al 25 %, según los sectores".
El descenso para los grandes grupos de distribución es del 15 al 25 %, para el pequeño comercio del 20 al 40 %, para los mercados mayoristas del 15 % y para los restaurantes "al menos del 20 al 50 %".
Las empresas francesas de transporte de mercancía en carretera denunciaron, por su lado, pérdidas de explotación de 400 millones de euros desde hace casi tres semanas, debido a esas acciones.
