El gobierno de Perú autorizó este martes el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las ciudades de Lima y Callao para apoyar a la policía peruana debido a un “incremento significativo” de la delincuencia común y organizada.

Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el despliegue de las Fuerzas Armadas, que fue una solicitud de la Policía, tiene lugar para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno” y se extenderá durante 30 días. El decreto precisa que su labor se centra en el “apoyo” y “no releva la activa participación” de la Policía.

“(La participación de las Fuerzas Armadas) Está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población”, reza el documento.

La Policía denunció un “aumento de las actividades de organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos”. Estas actividades delictivas “han logrado sobrepasar la capacidad operativa” de la Policía, según ha recogido la emisora local RPP.

Ante los cuestionamientos a la medida tomada por el gobierno del presidente Pedro Castillo, la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, ha indicado que la medida será positiva si las “actividades se realizan en el marco constitucional” y “en respeto a los derechos fundamentales de las personas en general”.

Barrios ha mostrado así su confianza en las Fuerzas Armadas para esta intervención ya que, como ha subrayado, están facultadas por la Constitución para apoyar los civiles e hicieron “un trabajo fundamental y esencia en la pandemia”.

Al respecto, Amnistía Internacional expresó su preocupación y recordó al Estado peruano que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la Policía”.

“Las normas internacionales de Derechos Humanos exigen asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”, manifestó también la organización a través del perfil de Twitter de su delegación en Perú.

Por su parte, el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó en un mensaje en la misma red social su “preocupación” por la resolución y ha advertido de que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.