El gobierno de Trump tendrá 30 días para reunir a familias de inmigrantes

Un plazo máximo de 30 días dictaminó un juez federal de San Diego para que las familias de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos y que se encuentran detenidas, puedan reunirse.

La noche del martes, el juez Dana Sabraw emitió una orden judicial a nivel nacional con el fin de detener temporalmente la práctica de separar a los niños de sus padres en la frontera con México, adoptada por Donald Trump. Para los padres e hijos que estén actualmente separados, las autoridades federales en la frontera tendrán 30 días para reunificar esas familias, y 14 días si se trata de menores de cinco años, a menos que se considere que el adulto es un peligro para el niño. Además, Sabraw ordenó que se facilite el contacto telefónico de los padres con sus hijos antes de 10 días, y que los padres no podrán ser deportados sin sus hijos.

"La desafortunada realidad es que bajo el sistema actual, los niños migrantes no son tomados en cuenta con la misma eficiencia y precisión que la propiedad", señaló el juez en un escrito de 24 páginas.

Justo el miércoles de la semana pasada Trump cedió ante la presión local e internacional y firmó una orden para poner fin a la separación de familias inmigrantes en la frontera, provocada por su política "tolerancia cero" que busca frenar y controlar la inmigración ilegal en Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó el sábado que había logrado reunir con sus padres a 522 menores, de los más de 2.300 que fueron separados entre mayo y mediados de junio, y que hoy se encuentran detenidos en más de 100 lugares.

Sin embargo, entre los abogados que representan a los inmigrantes y las organizaciones sociales que han defendido la causa de estas familias, sospechan que el gobierno no tendría la información necesaria para lograrlo.

Actualmente, los menores son retenidos en albergues mientras sus padres son procesados en el sistema penal o incluso mientras son deportados sin sus hijos.

Según escribió el juez en su informe, la práctica de separar a estas familias se implementó "sin ningún sistema o procedimiento efectivo para (1) rastrear a los niños después de que fueron separados de sus padres, (2) permitir la comunicación entre los padres y sus hijos después de la separación, y (3) reunir a padres e hijos (...) después de la finalización de su sentencia criminal. Esta es una realidad sorprendente".

El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), a través de dos demandas: una niña de siete años separada de su madre congoleña, y un joven de 14 años separado de su madre brasileña.

La administración de Trump señaló hoy que será difícil cumplir con el cronograma impuesto por el juez Sabraw. Según señaló The New York Times, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijeron que estaban intentando poner en contacto a niños y padres, pero manifestaron que aquello podría tomar tiempo. Los funcionarios sostuvieron que deben confirmar que los adultos que reclaman niños son en realidad sus padres y que los adultos no representan ningún peligro para los niños, lo que puede tomar semanas ya que se debe solicitar certificado de nacimiento o pruebas de ADN.

La decisión del juez de San Diego se suma a una serie de prácticas que buscan frenar la separación familiar. El martes, fiscales generales de 18 estados, entre ellos California, Washington y Nueva York, informaron que están preparando una demanda contra el gobierno republicano por su política "cruel" de separación entre padres e hijos.

"Campamentos de reclusión infantil en Estados Unidos... la administración Trump ha alcanzado un nuevo mínimo. La indiferencia del Presidente Trump hacia los derechos humanos de los niños y padres que han sido arrancados el uno del otro es escalofriante", señaló el fiscal general de California, Xavier Becerra.

Mientras niños y padres inmigrantes detenidos en Estados Unidos esperan volver a encontrarse, la Cámara de Representantes votó hoy en contra del proyecto sobre inmigración, pese a la petición que hizo Trump a los republicanos para su aprobación horas antes a través de Twitter. Fueron 301 contra 121 votos que rechazaron la medida que buscaba darle una salida a la problemática de los dreamers -los menores que fueron llevados ilegalmente a EE.UU. siendo niños-, a cambio de recursos para la construcción del muro en la frontera con México y también para el tema de las separaciones de las familias de inmigrantes.