Gobierno venezolano cifra en 1.200 los detenidos y organizaciones internacionales de derechos humanos alertan de altos índices de represión

Bastó un día tras las polémicas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela le otorgó la presidencia al actual mandatario, Nicolás Maduro, por un margen de siete puntos porcentuales, para que miles de ciudadanos salieran a las calles a protestar por lo que consideran unos comicios fraudulentos. Y, entre el lunes y este jueves, la cifra de detenidos no ha hecho más que crecer.

Así lo hizo saber el propio Maduro, declarado presidente reelecto este lunes por el CNE, pese a que no se ha transparentado el recuento de votos y a los reclamos opositores que proclaman al opositor Edmundo González como el verdadero ganador por un amplio margen. En un video difundido en redes sociales, el todavía mandatario llama a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a continuar con sus labores de arrestos, además de indicar que ya han capturado a “1.200 criminales” en el contexto de las protestas.

El miércoles, el fiscal de la nación, Tarek William Saab, hizo una amenaza velada a quienes tengan en mente salir a protestar. “Advertimos que llamados a desconocer los resultados oficiales puede ser delito de instigación pública, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Obstrucción de vías públicas, con una pena de 6 a 10 años de prisión. Instigación al odio, con una pena de 10 a 20 años. Resistencia a la autoridad, con una pena de 1 a 2 años de prisión”, señaló. También calificó a las manifestaciones como “ataques terroristas”.

Según la legislación vigente, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo castiga con una pena de prisión de entre 25 y 30 años a los hechos vinculados al terrorismo, y con entre 15 y 25 años a quienes financien estos actos.

Sin embargo, una serie de organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos han salido a cuestionar el accionar del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha tenido como consecuencia la muerte de al menos 11 personas, según la ONG Foro Penal, organización no gubernamental (ONG) venezolana de derechos humanos que presta asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights, condenaron la represión policial demostrada en los últimos cuatro días. También exigieron a Maduro garantizar el derecho a la protesta, así como el respeto a los derechos de la vida, la integridad personal y la libertad.

“En el marco de las protestas en el contexto postelectoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”, parte la misiva. “Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.

Gonzalo Himiob, fundador de Foro Penal y su vigente vicepresidente, conversó con La Tercera sobre el actual escenario venezolano, y lo calificó como “crítico”. “Habíamos vivido cénits de protestas en momentos puntuales en nuestro país. En 2014, 2017 o 2019. Pero nunca se había visto una protesta tan generalizada como la que estamos viendo en este momento, ni una respuesta represiva tan intensa ni tan grave como la que hemos visto hasta ahora. Es algo distribuido en todos los sectores sociales del país y en todos los estados”, aseveró este jueves.

Un detalle importante, tanto para entender las protestas como la función de la ONG en la reciente tanda de manifestaciones, es que “principalmente, son las personas más humildes las que han salido a protestar y, consecuentemente, las que más han sido víctimas de la represión”, señala Himiob.

Este alto grado de preocupación, añadió, se debe a que está ocurriendo “una situación gravísima”, donde “a los detenidos no se les permite ningún tipo de contacto con sus familiares ni con sus abogados de confianza. Se les obliga a aceptar defensa pública y se les presenta ante los tribunales sin que puedan estar asistidos por sus defensores. Esto es muy grave, es una violación gravísima al derecho a la defensa”, denunció.

De regreso al comunicado emitido por distintos organismos internacionales de derechos humanos, estos exigen que “las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos”.

Y cerraron: “Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas manifestantes, así como de los observadores de protestas, transeúntes y periodistas. El uso de la fuerza constituye una violación de esta obligación si no se ajusta a las normas internacionales, incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas”.

Los 1.200 detenidos señalados por Maduro representan un salto importante desde las 1.062 personas detenidas que horas atrás había informado el fiscal general, Tarek William Saab. Allí, añadió que si se comprueba, tras la investigación correspondiente, que algunos de los detenidos no participaban de las protestas, estos quedarían libres. Pero “a los que se les determine la responsabilidad (…) quedarán privados de libertad por muchos años”, añadió.

En contraste, Saab dijo que, hasta el miércoles, habían resultado heridos 77 efectivos de las fuerzas de orden, 29 más que los registrados el martes, momento en que autoridades informaron de la muerte de un sargento en la región nortina de Aragua, detalló a la prensa local.

Con tono amenazante, el fiscal añadió que el Estado “no va a permitir una escalada” que guíe al país a “embriones de guerra civil”, y que, gracias a la labor del “brazo de la justicia” y los tribunales, había “una tensa calma” en Venezuela. No se incluyeron palabras de Saab para los manifestantes lesionados, quienes recibieron gases lacrimógenos y perdigones utilizados por las fuerzas públicas, según pudo constatar en las calles de Caracas la agencia de noticias EFE. Al contrario, denunció el “delito de simulación (de muertes)” y la “difusión de mensajes que causan zozobra y pánico a la población”.

En cambio, mostró videos de “ataques terroristas” en los que se ven “grupos que para nada se pueden llamar manifestantes pacíficos”. Según él, habría “grupos paramilitares” presentes en las manifestaciones, y que los “comanditos” -nombre de los grupos de organización política de la campaña de González- “eran grupos criminales”.

Las declaraciones, tanto de Maduro como de Saab, se enmarcan en la denuncia oficialista de un supuesto “ataque criminal” por parte de la oposición y de agentes extranjeros. Según el mandatario, la líder opositora María Corina Machado y sus aliados estaría detrás de “comanditos”, donde “casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en los vuelos de EE.UU. están en el ataque criminal”.

Fue en ese contexto en el que Maduro dijo, sin aportar más pruebas que su palabra, que “todos los que han sido capturados en los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamientos en Chile y Perú”.

Distintos números presentó el Foro Penal, quienes, para la mañana de este jueves, tenían conocimiento verificado e identificado de 672 arrestos, así como de 11 fallecidos.

Respecto a los próximos días y el papel que debería jugar la comunidad internacional, Gonzalo Himiob, de la citada ONG, planteó a este periódico que “lo que tiene que hacer es prestarle atención seriamente a lo que está pasando en Venezuela y entender que el problema, por lo menos desde nuestra perspectiva, además de político, es un tema de derechos humanos. De respeto básico a los derechos humanos, que lamentablemente en Venezuela no existe”.

En la trama regional, durante este jueves, la embajada argentina en Caracas vio cómo se izaba la bandera brasileña, luego de que el país trasandino les solicitara resguardar su consulado. Esto, luego de que la administración chavista ordenara la expulsión de los funcionarios diplomáticos del país vecino. Al interior se resguardan seis políticos opositores venezolanos a los que Argentina entregó asilo.

Sobre el tema político local, el propio Edmundo González Urrutia ha llamado a los ciudadanos a que, “en paz”, sigan exigiendo que se “respete” el resultado de las elecciones y que se publiquen las actas. “Esta victoria, que es de todos y todas, nos unirá y reconciliará como nación”, escribió en X, antes Twitter.

Desde la vereda contraria, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió el martes que tanto González como Machado sean apresados, acusándolos de liderar una “conspiración fascista” en contra de las elecciones.

Maduro, en tanto, responsabilizó a la oposición por las muertes registradas durante las manifestaciones de los últimos días. “Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los heridos, fallecidos, de la destrucción, usted será el responsable directo”, señaló durante una reunión con las máximas autoridades de las instituciones del Estado.

Por otro lado, Maduro aseguró que está dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos bajo el acuerdo de Qatar. “Si están dispuestos a respetar la soberanía de Venezuela, a dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero sobre la base de un punto único: el cumplimiento del acuerdo de Qatar”, manifestó el mandatario en una conferencia de prensa. “Soy un hombre de diálogo, de negociación, de acuerdo, tengo palabra, respeto lo que se firma y lo que se habla”, enfatizó.

Este jueves, el gobierno de Rusia anunció que activará una serie de preparativos para una visita técnica por parte de Maduro a su país a fin de reforzar los lazos de cooperación tras reconocer su reelección en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

A propósito de esto, Dmitri Peskov, el secretario de prensa del Kremlin, aseguró a una emisora de radio que “ahora que él se ha convertido en ganador de las elecciones, se puede suponer que, por supuesto, los preparativos se activarán”.