Gonzalo Boye es uno de los abogados más influyentes en el ámbito de derechos humanos. Ha trabajado en procesos de gran relevancia, como los juicios por el atentado en Madrid el 11 de marzo de 2004, el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas y forma parte del equipo de abogados del exanalista de la CIA Edward Snowden. Es también el abogado de Carles Puigdemont, de los 'consellers' (ministros del gobierno catalán) en el exilio, Meritxell Serret y Toni Comín, y coordina la estrategia de todas las defensas en el exterior. En conversación con La Tercera analiza el fallo del Tribunal Supremo español que sentenció el lunes a 12 exlíderes y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en octubre 2017. La Corte los condenó entre nueve y 13 años de cárcel.
¿Cómo evalúa la sentencia del Tribunal Supremo español?
Me parece una sentencia aberrante, porque restringe los derechos y libertades públicas a límites insostenibles en un Estado democrático. Creo que es una sentencia que tiene serios errores, no afecta a mi defendido directamente, pero es una sentencia francamente mala.
¿Cuáles serían las opciones que tendrían los dirigentes afectados?
Ellos ahora tienen que recurrir al Tribunal Constitucional y después podrán recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Cree que estas medidas tengan algún éxito?
Básicamente esta sentencia es contraria al Artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y yo creo que existen buenas posibilidades, si las cosas se hacen bien, de revertir la sentencia una vez que se llegue a ese tribunal.
¿Cuál es la situación actual de Carles Puigdemont?
Puigdemont está reclamado por una euro orden, que es un procedimiento agilizado de extradición dentro de los Estados miembro de la Unión Europea. Ya se le ha reclamado dos veces antes y nosotros hemos ganado los dos procedimientos y ahora se tramitará probablemente el tercero, pero nosotros confiamos que lo vamos a ganar también. De hecho el presidente está en su casa y me acaba de notificar la fiscalía belga que ha solicitado a las autoridades españolas que le manden la euro orden traducida, porque ni siquiera se la habían mandado en ninguno de los idiomas oficiales de Bélgica. Es decir, estamos frente de nuevo ante errores sustanciales.
¿A qué se deben estos errores?
Creo que es porque no saben lo que están haciendo y porque es un procedimiento complejo, en el que habría que haber estudiado.
