El Grupo de Lima, integrado por 13 países americanos y la facción opositora al presidente venezolano, Nicolás Maduro, deploró "profundamente" este viernes que Venezuela haya sido elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022. 

Mediante un comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, así como los representantes enviados por el presidente del congreso venezolano Juan Guaidó, rechazaron que el "régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro haya sido elegido" ante la ONU, un organismo que por el momento mantiene su reconocimiento a dicha administración.

Asimismo, señalaron su "firme decisión" de realizar sus mayores esfuerzos para que en dicho Consejo se continúe "con la investigación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, para que los responsables de estos actos criminales no queden impunes".

La candidatura venezolana logró su objetivo este jueves de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, pese a una fuerte campaña en contra por parte de Estados Unidos, de varios países latinoamericanos y de organizaciones internacionales de derechos humanos, que habían pedido votar contra el Gobierno de Maduro.

Costa Rica, que había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela se hiciese con un escaño, obtuvo el apoyo de 96 Estados miembros, frente a los 105 que respaldaron al Gobierno venezolano.

Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.

Así, Sao Paulo -que optaba a la reelección- continuará siendo miembro del órgano con sede en Ginebra, mientras que Venezuela sustituirá el próximo 1 de enero a Cuba, que termina su mandato

El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas.

El órgano está formado por 47 países que cumplen mandatos de tres años y cuyos asientos se reparten en grupos regionales.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, junto a Brasil y Venezuela, durante el año próximo continuarán teniendo escaño Argentina, Bahamas, Chile, México, Perú y Uruguay.