Trece de los catorce países miembros del Grupo de Lima hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que investigue "de manera transparente" el supuesto atentado contra el mandatario durante un acto oficial en Caracas del pasado 4 de agosto y pidieron la "inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela".
A través de un comunicado, los miembros del organismo piden de manera urgente que el Ejecutivo venezolano "conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente" sobre la sucedido durante el 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, y con ello "esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos".
Cabe señalar, que Maduro culpó al gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos de los hechos ocurridos ese día. Acusaciones que fueron rechazadas por el saliente mandatario al día siguiente, y las que cuales el gobierno de Estados Unidos también descartó participación en lo sucedido.
Por otro lado, se refieron a las detención de miembro de la oposición, acusados de ser los responsables de las artefactos que estallaron durante el evento en Caracas. Como el caso del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, y la orden de detención contra Julio Borges - quien está fuera del país - calificándola como "arbitraria, ilegal y sin investigación previa".
"En abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 200) que les amparan, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros instrumentos internacionales aplicables", añade el comunicado.
En ese línea señalaron que repudian" cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política" e hicieron un llamado a las autoridades "para que se respeten las garantías y libertades políticas de todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas".
Entre los gobiernos que firman la declaración se encuentra Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
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