Los guatemaltecos votaban el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en medio de un clima de incertidumbre por los intentos del Ministerio Público de impedir la participación de Bernardo Arévalo, quien se coló sorpresivamente al balotaje con un discurso anticorrupción.
Las encuestas pronostican que Arévalo, un diplomático de carrera de 64 años, derrotaría a la exprimera dama Sandra Torres, vista como representante del statu quo. Ese resultado podría marcar el comienzo de una nueva era después de acusaciones generalizadas de corrupción y autoritarismo.
En la última década, Guatemala ha venido descendiendo en el ranking de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional hasta alcanzar el año pasado su peor calificación y ubicarse en el puesto 150 de 180 países.
El nuevo presidente de Guatemala asumirá el poder a principios de 2024 mientras la violencia y el alto costo de vida azotan al país, provocando que se haya convertido en el principal expulsor de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. La ONU estima que más de 1.3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, la mitad de ellos de forma irregular. La cifra es 44% más alta que hace una década.
“Voté por Arévalo porque es la única opción que tenemos, votar por Sandra es votar por lo mismo”, opinó Roberto Álvarez, un contador de 74 años, tras sufragar en un colegio capitalino.
“Arévalo no puede hacer mucho porque la corrupción viene desde la colonia y cambiar en cuatro años no se puede pero sí puede comenzar a hacer un cambio y generar las bases”, agregó.
El hijo del exmandatario Juan José Arévalo (1945-1951) ha cosechado simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción, aumentar la cantidad de policías, mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático.
Su sorpresivo segundo puesto en la primera vuelta de junio provocó llamados de los opositores a recuentos que retrasaron los resultados oficiales. Su partido fue suspendido brevemente a pedido de un fiscal antes de que el tribunal supremo del país revocara la prohibición.
El tira y afloja político ha puesto nerviosos a algunos votantes sobre posibles problemas durante el balotaje, que Arévalo ha dicho públicamente que espera.
Sin embargo, el saliente mandatario, Alejandro Giammattei, prometió garantizar una votación pacífica y una transición ordenada del poder. La elección está siendo observada de cerca por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, quienes han pedido respetar las reglas democráticas.
Las urnas cerrarán a las 18.00 hora local (0000 GMT del lunes) y los primeros resultados se esperan entrada la noche.
Escepticismo
Muchos guatemaltecos siguen escépticos, ya que en los últimos años el Gobierno expulsó a investigadores de una misión contra la impunidad respaldada por la ONU y atacó a jueces y activistas anticorrupción, muchos de los cuales se exiliaron.
El fiscal general que pidió la suspensión del Movimiento Semilla había sido agregado previamente por el Departamento de Estado estadounidense a su llamada Lista Engel de “actores corruptos y antidemocráticos”.
Torres, de 67 años, es fuertemente resistida en la capital -hogar del 30% de los 17 millones de guatemaltecos- pero sus programas sociales como primera dama (2008-2011) durante el gobierno del fallecido Álvaro Colom le granjearon una gran simpatía en el interior del país. En los últimos dos comicios presidenciales, Torres quedó en segundo lugar.
En campaña, ella ha prometido que, de ganar, quitará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, dará préstamos a jóvenes emprendedores, bajará las tarifas de luz y reducirá a la mitad los precios de las medicinas.
“Me gustaría que ganara la señora Sandra porque, tal vez, ella cambie el sistema de cómo se ha mantenido este país”, sostuvo Óscar Estrada, un jubilado de 70 años en la capital.
“Ella ha mostrado que quiere ayudar al pueblo y a la gente pobre (...) ojalá que gane y que cumpla lo que dice”, agregó.
El sucesor de Giammattei lidiará con un Congreso fragmentado como el actual, donde ninguna fuerza tiene amplia mayoría.
El presidente electo debería asumir el cargo el 14 de enero, aunque los expertos advirtieron que los meses posteriores a la votación los resultados podrían verse cuestionados.
“Es mucho tiempo para que haya intentos no sólo de cuestionar los resultados, sino también la legalidad del partido ganador”, opinó el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, Eric Olson.