El Senado de Francia aprobó esta semana una controvertida disposición incluida en el proyecto de ley de Justicia, presentado por el ministro de la cartera, Éric Dupond-Moretti. Esta medida introduce modificaciones significativas en el procedimiento penal y ha generado un acalorado debate en la esfera política y legal.
Una de las disposiciones más discutidas es la autorización para la activación remota de cámaras y micrófonos en teléfonos móviles, sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas involucradas. Esta medida tiene dos objetivos principales: la geolocalización en tiempo real en casos específicos de delitos y la captura de imágenes y sonido mediante la activación de cámaras y micrófonos, restringida a situaciones relacionadas con el terrorismo y la delincuencia organizada.
Sin embargo, esta disposición ha generado una amplia preocupación entre defensores de los derechos civiles, organizaciones y grupos de la sociedad civil. El Observatorio de Libertades y de lo Digital (OLN) ha denunciado que esta medida supone un “exceso de seguridad” y que convierte cualquier dispositivo conectado en un potencial instrumento de vigilancia masiva.
La izquierda ha manifestado su oposición a esta disposición considerándola “desproporcionada” y ha intentado, sin éxito, eliminarla parcial o totalmente durante el proceso de debate. La preocupación principal radica en el riesgo de abrir la puerta a una vigilancia generalizada y el impacto que esto podría tener en la privacidad de los ciudadanos.
El ministro de Justicia ha defendido la disposición, argumentando que estas técnicas de activación remota ya se utilizan en la actualidad, pero requieren la instalación física de dispositivos de vigilancia, lo cual puede suponer riesgos para los investigadores. Dupond-Moretti ha asegurado que la disposición está acompañada de garantías sólidas y que su implementación estará sujeta a la aprobación de un juez, lo que busca salvaguardar los derechos y la legalidad en cada caso.
De hecho, el Senado adoptó una enmienda de Bruno Retailleau, líder del partido Los Republicanos en el Cámara Alta, que limita la posibilidad de utilizar la geolocalización a los delitos castigados con al menos 10 años de cárcel, frente a los cinco años del texto inicial, destacó RFI.
Además de la controversia en torno a la activación remota de cámaras y micrófonos, el artículo 3 del proyecto de ley de Justicia contempla otras medidas significativas. Entre ellas se encuentra la ampliación de los registros nocturnos para delitos considerados graves, así como la posibilidad de extender los plazos de las investigaciones preliminares bajo ciertas condiciones.
La aprobación de esta medida ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos individuales. Por un lado, los defensores argumentan que la activación remota de cámaras y micrófonos puede ser una herramienta crucial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, permitiendo a las autoridades recopilar pruebas más rápidamente y prevenir posibles amenazas.
Por otro lado, los críticos sostienen que esta disposición representa una invasión significativa a la privacidad de las personas, ya que implica la vigilancia encubierta y sin consentimiento en dispositivos personales. Preocupaciones legítimas han surgido en torno a la posibilidad de un uso indebido de esta tecnología, así como el riesgo de que se produzcan abusos por parte de las autoridades.
En entrevista con France 3, el abogado penalista de Nancy, Frédéric Berna, comentó sus reservas con la ley que viene de aprobarse, señalando que va demasiado lejos, sobre todo en lo relativo con los periodistas. “Un Estado que empieza a poder permitir, aunque sea de forma limitada, escuchar las fuentes de los periodistas y vigilar las fuentes de los periodistas, es un Estado que empieza a ir muy mal, que tiene miedo y que no parece muy cómodo con la democracia y la libertad de información”, señaló.
Asimismo, agregó que los abogados también tendrían problemas con esta ley: “En principio, los abogados no pueden ser sometidos a estos sistemas de verificación y activación remota de medios de telecomunicaciones. En realidad, la hipocresía del sistema, si la policía vigila a alguien y activa su teléfono mientras está entrevistando a su abogado en su oficina o en otro lugar , controlan el sistema”.
“La gente ya no se atreverá a confiar en su abogado o en su médico. Hay cosas así, si ocurrieran en otros países, no dudaríamos en denunciarlas”, señaló Berna.
