El gobierno pro-Pekín de Hong Kong dejó en suspenso este sábado el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China, retrocediendo ante las masiva manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.

"El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa" para "reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (...) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad" declaró a la prensa la jefa ejecutiva del gobierno, Carrie Lam.

Sin embargo, poco después, los líderes de las protestas indicaron que mantendrán la manifestación prevista el domingo pese a la paralización del proyecto de ley.

"Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley", afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.

En 1997 el Reino Unido traspasó la soberanía de esta colonia a China, con un estatuto político y económico especial.

Este territorio, un centro financiero internacional, sufrió el pasado miércoles actos de violencia cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de miles de manifestantes.

Tres días antes, una manifestación gigantesca -de un millón de personas según los organizadores- pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, opaco y bajo influencia del Partido Comunista.

Una nueva manifestación prevista el domingo había puesto a Lam bajo presión, incluso dentro de sus filas, donde algunas voces le pedían dar marcha atrás.

Este sábado, en una rueda de prensa, la jefa ejecutiva anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo.

"El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones" al respecto, dijo. "No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor", agregó.

Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.

"Siento un profundo pesar y lamento que las deficiencias de nuestro trabajo y otros factores hayan suscitado controversias sustanciales y conflictos en la sociedad después del periodo relativamente tranquilo de los últimos dos años", dijo.

Reunión de urgencia

Según el South China Morning Post, Carrie Lam celebró el viernes por la noche una reunión de urgencia con sus consejeros, mientras que responsables chinos se reunieron también en la ciudad vecina de Shenzhen para buscar una salida a la crisis.

"¿No deberíamos tranquilizar a los ciudadanos? Creo que postergar un poco (el proyecto de ley) no es mala cosa (...)" declaró el viernes en i-Cable News Ann Chiang, una parlamentaria proPekín.

Pero otros parlamentarios fuertemente afines a China habían aconsejado a Lam que no cediera ante los manifestantes, para evitar que "Hong Kong sea ingobernable".

Para Pekín, preocupado por la desaceleración de su economía debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, las manifestaciones en la antigua colonia era inoportunas, a pocos meses de las celebraciones en octubre de los 70 años de la fundación de la China comunista.

Esta conmemoración servirá para ilustrar el poder del omnipresente presidente Xi Jinping, cuyo "pensamiento" entró a fines de 2017 en la constitución china, igualándolo al padre de la China comunista, Mao Tsé tung.