Una seria acusación denuncia que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra en Gaza, en medio de su ofensiva contra Hamas, quien controla el enclave de forma total desde 2007. La ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró que el país está utilizando las órdenes de evacuación para generar un “desplazamiento forzado deliberado y masivo” de palestinos en el enclave, y que el ejército está llevando adelante una “limpieza étnica” en la zona.
En su último informe sobre el conflicto en Medio Oriente, la organización no gubernamental con sede en Estados Unidos detalló en un texto de 172 páginas lo que recopiló hasta agosto de este año. Mediante entrevistas a habitantes gazatíes desplazados, imágenes satelitales e informes públicos, el ente defensor de derechos humanos planteó que lo acontecido en el lugar se podría considerar como constitutivo de un crimen contra la humanidad.
Publicado este jueves, detalla que “el crimen de guerra de traslado forzoso (de la población civil)” califica como “una grave violación de las convenciones de Ginebra”, además de ser “un delito tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Bajo el título de Desesperanzados, hambrientos y asediados: El desplazamiento forzado de palestinos en Gaza por parte de Israel, el documento cuestiona que el 90% de la población, es decir, 1,9 millones de palestinos, han sido desplazados desde que empezó el conflicto, el 7 de octubre de 2023. Pero también, la destrucción de la infraestructura en tan solo 13 meses de guerra.
Según el periódico británico The Guardian, el informe se condice con los crecientes reportes de que Israel está acelerando sus intentos por dividir la Franja de Gaza en dos. Esto, con el fin de crear una zona de seguridad y nueva infraestructura militar, lo que da indicios de que el país se prepara para una presencia prolongada de su ejército en el enclave.
Es por eso que HRW solicitó explícitamente a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la política israelí de desplazamientos forzosos, así como que imponga sanciones al país, incluyendo el cese de venta de armas. También fue más allá, y llamó a otras naciones a evitar la “complicidad” con lo que está ocurriendo en territorios palestinos.
La visión contrasta totalmente con el último análisis del Departamento de Estado estadounidense, que a principios de esta semana aseguró que Israel no había infringido la legislación de EE.UU. sobre el bloqueo del suministro de ayuda. El contexto de esta valoración se da porque la nación norteamericana había dado un plazo de 30 días a su cercano aliado en Medio Oriente para que impulsara el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza bajo la amenaza de un corte en la entrega de asistencia militar.
“Israel afirma que el desplazamiento de casi toda la población de Gaza se ha justificado por la seguridad de la población y por razones militares imperiosas, y ha tomado las medidas necesarias para salvaguardar a los civiles”, plantea el informe de Human Rights Watch.
“Como los grupos armados palestinos combaten entre la población civil, según afirman los funcionarios israelíes, el ejército ha evacuado a civiles para poder atacar a los combatientes y destruir la infraestructura de los grupos, como los túneles, limitando al mismo tiempo los daños a los civiles, de modo que los desplazamientos masivos eran legales”, continúa.
Pero en el siguiente punto, hacen hincapié en el quiebre. “En lugar de garantizar la seguridad de los civiles, las órdenes de evacuación emanadas de los militares han causado graves daños”, plantea el informe.
En la cuarta convención de Ginebra se estipula que el territorio ocupado por una nación beligerante solo puede ser objeto de desplazamientos de civiles en circunstancias excepcionales, es decir, con “razones militares imperativas” o porque la seguridad de la población así lo requiere. Además, debe venir acompañada de salvaguardas para con su salud, así como alojamiento adecuado. Ninguno de esos puntos se cumple, denuncia HRW, puesto que las órdenes de evacuación -bajo el riesgo de bombardeos- han sido múltiple tanto en Gaza como en el Líbano.
“Demostradamente, Israel no ha evacuado a los civiles palestinos de Gaza por su seguridad, ya que no han estado seguros durante las evacuaciones ni a su llegada a las zonas seguras designadas. Israel tampoco ha alegado de forma convincente que tuviera un imperativo militar para obligar a la mayoría de los civiles palestinos a abandonar sus hogares”, concluye el documento publicado este jueves.
Nadia Hardman, investigadora de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch y autora principal del informe, dijo a la prensa internacional que “en esas zonas está muy claro que se ha expulsado a la gente y que no se les permitirá regresar. Eso también responde a otra definición que se utiliza en el derecho internacional, aunque no tenga una definición jurídica internacional, y se conoce como limpieza étnica”.
Y cerró: “Esto suele producirse cuando se combinan actos de desplazamiento forzado, que es la parte que consiste en desplazar a las personas por medios violentos e inspirados por el terror, y también decimos que la persecución debe investigarse también como crimen de guerra en este informe. Cuando se da una combinación de todo ello es cuando nos corresponde considerar también la limpieza étnica, que es lo que hicimos”.