La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe presentado este martes que más de 3.000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele en El Salvador para combatir a las pandillas, documentando entre ellos 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.
El informe de 114 páginas, titulado ‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de niños detenidos en el marco de lo que el presidente Bukele denomina una “guerra contra las pandillas”.
Los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuadas, así como contacto con abogados y familiares. En varios casos, los niños han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su detención. Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso.
Si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) dijo a las autoridades de Estados Unidos que 3.319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. De estos, se informó que 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.
Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial. De ellos, 25 habían sido liberados de delegaciones policiales y centros de detención juveniles.
“Estos 66 son apenas una muestra de lo que ocurre con los más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que están y han sido detenidos en el país y los más de 800 que siguen presos en los centros de detención juvenil”, señaló Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Agregó que “los casos de torturas existen, la evidencia está clara y con mucho gusto la ponemos a disposición del Comisionado (presidencial de los Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán Caballero) para que, en lugar de negar los hechos, ojalá el gobierno se encargue de prevenirlos, evitar que vuelvan a ocurrir y de investigar a los responsables”.
Según el reporte, los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños “sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”. “Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida”, agrega. “En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención”, detalla.
En uno de los casos documentados, señala el informe, soldados detuvieron a un estudiante de secundaria de 16 años en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, cuando regresaba a su casa después de jugar un partido de fútbol en mayo de 2022. Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía.
Los documentos del expediente judicial muestran que luego fue acusado de agrupaciones ilícitas, sobre la base de un único testimonio de un “testigo criteriado” anónimo, y condenado a seis años de prisión. El joven permanece detenido.
El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador, denuncia HRW. Más de 1.000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura.
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”.
“La detención indiscriminada de niños, niñas y adolescentes amenaza con perpetuar los ciclos de violencia en El Salvador”, señaló Goebertus. “La comunidad internacional debería exhortar al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y proteger la vida y el futuro de la niñez”.
