La ONG Human Rights Watch envió una carta a dirigida a distintos cancilleres, entre ellos Roberto Ampuero, para abordar la crisis migratoria venezolana.

"Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con el propósito de hacerle llegar un informe que acabamos de publicar, el cual incluye recomendaciones concretas sobre cómo la región debería responder ante el éxodo masivo de venezolanos que están huyendo de la devastadora crisis económica, de derechos humanos y humanitaria que afecta a su país", señala la misiva.

Dicho informe, titulado "El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes", de 38 páginas, se refiere a los distintos puntos de la crisis migratoria, mencionando -en una parte de él- los países donde más venezolanos han llegado. Siendo Colombia el más requerido: Cerca de 1 millón de personas se trasladaron desde Venezuela hasta ese país.

En la carta -dirigida a los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos- hacen algunas recomendaciones a dichos gobiernos.

Por ejemplo solicitan tener "un régimen de protección temporaria para toda la región, que otorgue estatus legal a todos los venezolanos, incluida una autorización para trabajar y la suspensión de las deportaciones, durante un período fijo, pero renovable, al menos mientras se resuelvan los reclamos individuales de protección".

También tener "un mecanismo regional para distribuir de manera equitativa las responsabilidades y los costos asociados con los flujos migratorios, incluido el traslado seguro, ordenado y voluntario de refugiados y solicitantes de asilo entre los países receptores, en función de su capacidad de acoger, registrar e integrar a estas personas".

Junto a ello invitan a tener "estrategias multilaterales contundentes para abordar las causas que provocan que tantos venezolanos se vayan de su país, lo que incluye adoptar y aplicar sanciones específicas, como la inmovilización de activos y la cancelación de visas, dirigida contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves violaciones de derechos humanos, y promover que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos".

"Algunas de las personas que huyen pueden ser considerados refugiados; otros tal vez no cumplan con los requisitos, pero igualmente necesitan protección", concluye.