Human Rights Watch llama a priorizar situación de derechos humanos en Nicaragua en la próxima cumbre UE-CELAC

A través de una carta dirigida al ministro de relaciones exteriores, Alberto van Klaveren, desde Human Rights Watch realizaron un llamado a priorizar la situación de derechos humanos en Nicaragua en la próxima Cumbre Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se encuentra prevista para el 17 y 18 de julio en Bruselas.

La carta es firmada por un grupo de víctimas del gobierno de Nicaragua en conjunto con organizaciones de derechos humanos y en ella llaman a que se cree un “Grupo de amigos del pueblo Nicaragüense” con el fin de garantizar una respuesta “multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”.

“Saludamos las recientes declaraciones de numerosos gobiernos de América Latina, incluyendo Chile, así como del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), condenando públicamente estas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, lamentamos que la respuesta de la comunidad internacional ha carecido hasta ahora de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”, señala la carta dada a conocer durante este viernes.

Al respecto, Juanita Goebertus, directora de las Américas de Human Rights Watch apuntó que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”, agregando que “los líderes de las Américas, junto con la Unión Europea y sus Estados miembros, deberían establecer un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense para coordinar una respuesta internacional efectiva hacia Nicaragua y promover, junto con la sociedad civil nicaragüense, una transición democrática en el país”.

De acuerdo a lo que especifica el documento, “en los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”.

En la ocasión, además se menciona que de acuerdo a grupos locales de derechos humanos, 64 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, a la vez que el gobierno despojó recientemente a 317 críticos de su nacionalidad y confiscó sus bienes. A la vez, apuntan que no se ha permitido el ingreso de observadores internacionales al país desde la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018.

“Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua”, puntualizó Goebertus. “El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”.