Humberto de la Calle ha atravesado grandes e importantes procesos en la historia política colombiana, como las negociaciones de paz con las FARC en 2016, puesto que ofició como jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero 25 años antes, este abogado, exvicepresidente y excandidato presidencial en 2018, fue el representante del gobierno ante la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991, es decir, la que creó y redactó la Constitución que rige actualmente.
De la Calle advierte que ante una Colombia que atraviesa actualmente un “proceso de extrema polarización y de una ferocidad en la política”, si le preguntasen por una constituyente de la misma naturaleza en el país, “yo no la recomendaría”, dice en esta entrevista con La Tercera, en el marco de su participación en el foro “Momento constituyente en Chile: experiencias comparadas”, organizado por la consultora Kreab.
¿Cómo nació el proceso para una nueva Constitución en Colombia?
Hubo un momento muy crítico, a finales de los años 80 y 90, una irrupción del narcotráfico de los carteles de las drogas incluso con pretensiones políticas, una campaña electoral presidencial muy violenta, en la cual murieron asesinados tres candidatos. Digamos que había una especie de sensación límite en Colombia, de que habíamos realmente llegado al fondo del abismo, y, simultáneamente, una fatiga enorme con las instituciones, con los partidos, con la dirigencia política tradicional. Es una especie de mezcla que fue muy angustiosa para los colombianos. Es en ese contexto cuando un grupo de jóvenes propuso el movimiento llamado “Séptima Papeleta”, que proponía un voto adicional a las elecciones que ya se veían venir, con el ánimo de buscar solución a esa situación extrema que vivimos. Lo que me parece notable en el caso colombiano es que en una circunstancia tan desesperada, tendría cierta lógica haber acudido al autoritarismo. Estos jóvenes pensaron, al contrario, que había que abrir la democracia y no solo actuar contra el crimen, sino mejorar el sistema político.
Usted ha dicho que el proceso constituyente de 1991 se logró gracias a que no hubo una lógica de ganadores y perdedores. ¿Cómo se logró?
En las múltiples confrontaciones, incluso violentas en Colombia, la Constitución era como una especie de carta de batalla, era como la rúbrica del triunfo de unos sobre otros. Lo primero que me parece a mí es que hubo una especie de reflejo de la comunidad en general, y en la comunidad política, de esta cercanía del abismo, de eliminar la idea de que la Constitución se aprueba contra alguien. Y surge allí un enorme marco de consenso que se mantuvo durante todas las deliberaciones. La primer idea fue generar una especie de proyecto unificado de todas las fuerzas políticas, bajo el liderazgo del Presidente. Después la Corte Suprema eliminó las amarras, dijo que la constituyente era soberana. Lo que hicimos fue un enorme esfuerzo de búsqueda de consensos hasta en los temas más difíciles. Hay que recordar que a la constituyente por voto popular llegaron exguerrilleros del M19 que habían acabado de dejar las armas, que hicieron una lista pluralista con otros tipos de personajes de la vida nacional, en un marco muy pluralista que realmente Colombia no había visto. Entendimos que el camino del abismo solo lo podíamos superar tratando de buscar acuerdos.
¿Cómo funcionó en Colombia el reglamento de la Constitución?
Se dijo que el reglamento se lo daría la misma constituyente y que en ausencia de acuerdo el gobierno dictaría el reglamento. No fue necesario que lo dictáramos desde el gobierno, lo teníamos preparado, pero la constituyente de manera muy rápida expidió su propio reglamento sin mayores tropiezos. Un reglamento escueto, que funcionó porque había un deseo de salir adelante.
¿Cómo fue el proceso de la redacción de la Constitución?
La constituyente estaba compuesta por 70 miembros más dos miembros de la guerrilla que no iban por voto popular sino escogidos en cuanto estaban en un proceso de paz, que debían sesionar durante seis meses. La constituyente, para evitar choques con el Congreso, se dividió en cinco comisiones por distintos temas. El primer debate se daba en la comisión, ahí se adoptaban los textos por mayoría simple, había un segundo debate en la plenaria donde operaba la mayoría simple y luego un nuevo debate en la plenaria que exigía una mayoría calificada, mayoría absoluta de los miembros. Pero muy buena parte de lo que ocurrió no es tanto que hayamos tenido una profusión de votaciones. Hubo temas que fueron pactados yo diría en los pasillos. Si usted lee las actas, son muy escuetas porque muy buena parte de las discusiones se daban informalmente, siempre en la guía de los acuerdos.
¿Esa lógica de buscar consensos es posible en el proceso chileno, que nació por el estallido social?
Digamos que hay alguna similitud, porque cuando lo nuestro fue mucho más grave -ahora estamos padeciendo también circunstancias semejantes a la de Chile-, pero en ese momento, aún ante esa evidencia más grave, pues funcionó por una capacidad como de reacción. No me atrevo a dar un consejo. Si hoy me preguntasen en Colombia por una constituyente de la misma naturaleza, yo no la recomendaría. Hay ideas de constituyentes limitadas para algunos temas, eso podría ser, pero todo este fenómeno que se vivió en el 91 como de reinvención del Estado, me parecería que hoy no hay condiciones.
A casi 30 años del proceso constituyente, ¿qué cree que se pudo haber hecho mejor? ¿Tiene alguna recomendación para la sociedad chilena y el plebiscito que se avecina?
Hay problemas que han aflorado después, que implican correcciones. Los temas de justicia fueron resueltos de una manera que no ha funcionado bien en Colombia. Pero en general, lo que me parece que es fundamental y que sigue extraordinariamente vigente en la Constitución, son varias cosas que podrían ser miradas en Chile. Por un lado, se hizo un esfuerzo muy grande de actualizar y modernizar la carta de derechos, incorporarla a la Constitución. En segundo lugar, lo que hicimos fue no meternos demasiado con el modelo económico, no tratar de cerrar puertas en esa materia con excepciones obvias que son la economía libre, la libertad de empresa, la libre competencia.
