La Iglesia Católica de Argentina no recibirá más el aporte económico del Estado, según anunció oficialmente la Conferencia Episcopal de ese país, cuyos arzobispos y obispos ya no tendrán una asignación mensual, además de otras ayudas.
Si bien el monto total del aporte estatal no involucraba montos importantes, la ayuda había suscitado críticas por tratarse provenir de un Estado no confesional y, además, porque había sido posible gracias a una ley de la última dictadura militar.
El proceso se inició desde la misma Iglesia Católica, luego de que en mayo de 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto en que se alzaron voces pidiendo la “separación” entre la Iglesia y el Estado, la Conferencia Episcopal transandina anunció que comenzaba el proceso para renunciar al aporte que venía analizando internamente. Desde ese instante puso en marcha un plan de autofinanciamiento, de acuerdo al reporte del diario bonaerense Clarín.
La referida ley para el aporte del Estado -enmarcada en el artículo dos de la Constitución que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico- decía que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, pero hacía años que el monto no se actualizaba.
También se establecía una pequeña ayuda a párrocos de frontera que en los últimos años comenzó a ser reemplazada por ayuda social. Y otra a unos pocos seminaristas diocesanos que se encamina a su total eliminación.
No obstante, por una disposición de la secretaría de Culto, permanecerá una asignación monetaria a un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará de manera particular.
