Los focos de incendio en la Amazonía brasileña durante el mes de agosto llegaron a 30.901, un número que prácticamente triplica la cifra correspondiente al mismo mes del año pasado, según divulgó este domingo el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).

De acuerdo con el informe, basado en imágenes captadas a través de satélites, la cantidad es la mayor para el mes desde 2010 y supera en un 196% los 10.421 focos de incendios contabilizados en agosto del año anterior. A nivel nacional, el octavo mes del año registró 51.936 focos de incendio en todo el territorio brasileño, lo que supone un aumento del 128 % en comparación con agosto de 2018. En el acumulado de los ochos primeros meses del año, el crecimiento a nivel nacional fue del 71 % frente al mismo período del año anterior, al registrar entre enero y agosto de 2019 un total de 90.501 focos de incendio.

El récord para el mismo período data de 2005, con 149.124 focos de incendio. En el caso específico de la Amazonía, el acumulado entre enero y agosto contó 46.825 focos de incendio, un 11 % más respecto a los mismos meses del año anterior.

Pará fue el estado con más quemadas registradas hasta agosto, con 10.185 focos, y su municipio de Altamira, que por su extensión es el mayor de Brasil en tamaño y el tercero en el mundo, encabezó la lista con 2.932 casos en los ochos primeros meses.

Especialistas apuntan a que los incendios en esta época del año son previsibles por causas naturales como la fuerte sequía y las altas temperaturas en la región norte del país, pero que el fuego viene aumentando por la deforestación y la mano incendiaria del hombre.

La situación alertó a la comunidad internacional y concitó las críticas contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por su falta de reacción inmediata ante los incendios y su discurso siempre a favor de la explotación agropecuaria y minera de zonas ocupadas por la selva amazónica.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a advertir que su país podría retirar el apoyo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), anunciado en julio, si Bolsonaro no revertía sus políticas medioambientales en pro de la preservación y reforestación.