Independentistas catalanes protestan contra sus líderes a un año del referéndum

Grupos de independentistas catalanes cortaron este lunes carreteras y líneas ferroviarias protestando contra la inacción de sus líderes un año después del referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en esta región española entre fuertes cargas policiales.

Basándose en esa votación, impulsada por el entonces presidente Carles Puigdemont y en la que según su ejecutivo dos millones de personas apostaron por la secesión, el 27 de octubre se proclamó una república que nunca se llegó a aplicar.

Un año después de ese día, el independentismo llega dividido entre quienes apuestan por continuar con la vía de ruptura unilateral y los partidarios del diálogo iniciado por el nuevo presidente Quim Torra con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Incluso Puigdemont, desde Bélgica, parecía desmarcarse ligeramente de la estrategia de los nuevos dirigentes, que por ahora han aparcado la vía de la desobediencia.

"No nos entretengamos demasiado con el juego de espejos y lentejuelas con que el Estado intenta maquillar su deteriorada imagen internacional (...) Vayamos tirando como decidimos hace un año", aseguró en un vídeo colgado en Twitter.

Estas distensiones se evidenciaron en las calles de Barcelona. Entre banderas independentistas, petardos y botes de humo amarillo, cientos de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) reclamaban a gritos la dimisión de Torra.

"Recuerdo el 1 de octubre con pena, dolor y orgullo por lo que conseguimos pero también desilusionada porque no han cumplido con lo que nos prometieron", decía Ana Sarabia, de 48 años.

Además de bloquear varias calles del centro de Barcelona, colapsando en ocasiones la circulación, estos grupos que exigen la ruptura unilateral con Madrid también cortaron durante dos horas la línea del tren de alta velocidad con Francia y varias autopistas.

También protestaron cientos de estudiantes universitarios que celebraron una jornada de huelga y por la tarde está prevista una manifestación de asociaciones independentistas que reclaman la instauración de la república prometida.

Todo ello apenas dos días después de que la policía regional, controlada por Torra, hiriera a 24 independentistas y detuviera a otros 6 cuando intentaban ingresar al sector donde se desarrollaba una manifestación para homenajear a los agentes enviados hace un año por Madrid para evitar el referéndum.

En este contexto, Torra aplaudió las acciones de los CDR: "Hacen bien en apretar", aseguró en un acto en Sant Julia de Ramis, el pueblo donde la policía impidió el voto de Puigdemont en el referéndum de 2017.

La votación del año anterior supuso el momento de máxima tensión con el gobierno español dirigido entonces por Mariano Rajoy tras años de auge del independentismo en esta región de 7,5 millones, dividida a partes iguales sobre la secesión.

A pesar de la prohibición explícita de la justicia y el envío de miles de policías por parte del gobierno español, los dirigentes independentistas tiraron adelante esta votación con la colaboración de miles de ciudadanos anónimos.

Con órdenes de incautar el material electoral, los agentes policiales cargaron con mucha contundencia contra las decenas de electores que se concentraban frente a los puntos de votación.

Esas imágenes "dañaron gravemente la reputación española", afirmó la portavoz gubernamental Isabel Celáa.

Pero no es un "día para celebrar en absoluto para el imaginario independentista que se dio de bruces con el principio de realidad", añadió.

Y es que cuando el Parlamento catalán declaró la independencia cuatro semanas después, ningún país la reconoció y el ejecutivo español de Rajoy no tuvo problemas para destituir al ejecutivo regional y disolver la cámara para convocar nuevos comicios.

Siete de los responsables de ese intento de secesión, como el mismo Puigdemont, se encuentran ahora en el extranjero y otros nueve están en prisión a la espera de ser juzgados por rebelión, delito por el que pueden condenarles a hasta 25 años de cárcel.

Con la llegada de Sánchez en junio, prometiendo un acercamiento a Cataluña, se reestablecieron los contactos entre ambos gobiernos pero la solución todavía se augura lejana por sus posturas radicalmente opuestas sobre permitir o no un referéndum legal en Cataluña.