¿Y ahora qué? Eso era lo que se preguntaba parte de la oposición venezolana luego de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, diera a conocer su lapidario informe sobre Venezuela, en el que denunció graves violaciones a los DD.HH. por parte del régimen de Nicolás Maduro. Si bien hay cierto consenso en que el documento es más duro de lo que se esperaba, al no ser vinculante no está del todo claro cuáles serán sus implicancias y cómo podría ser aprovechado por la oposición para conseguir algo concreto. Eso sí hay un posible camino: La Corte Penal Internacional (CPI).

"Es relevante que el informe llegue a la Corte Penal Internacional porque ahí se desarrolla el juicio por (violaciones a los) derechos humanos y desde donde podría venir una posible condena a Maduro, al régimen, y a todos los que han torturado", explicó a La Tercera el presidente editor del diario El Nacional, Miguel H. Otero.

Ocurre que, en febrero de 2018, la CPI abrió un examen preliminar sobre Caracas por presuntos delitos de lesa humanidad. Siete meses más tarde -y de manera inédita desde su puesta en marcha en 2002-, Chile y otros cinco países pidieron a La Haya que se investigue formalmente al régimen de Maduro, denunciando crímenes y abusos cometidos desde abril de 2014.

El informe de Bachelet fue elaborado a partir de 558 entrevistas y abarca el período de enero de 2018 y mayo de 2019. El documento acusa al régimen de violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los venezolanos, además de violencia y abusos de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, detalla "detenciones arbitrarias" y torturas.

"Ante tales evidencias oficiales y a un nivel como es la oficina de los DD.HH. de Naciones Unidas, es inevitable que el mundo, la comunidad internacional y las cortes más importantes tomen nota de esta situación retratada en el informe de Bachelet", señaló a La Tercera el experto venezolano Miguel Velarde. "Esto debería tener un impacto muy importante para que se abran nuevas causas y para que otras tengan una celeridad mayor", agregó.

De acuerdo al académico y politólogo venezolano Luis Salamanca, con la presentación del informe de Bachelet ante la CPI "hay más posibilidades de enjuiciar a individualidades del gobierno o al propio Maduro", dijo a La Tercera. Incluso, el Presidente Sebastián Piñera, emplazó a Bachelet a enviar toda la información recabada a La Haya.

"El informe denuncia que los abusos pueden constituir una 'persecución por motivos políticos' y pide investigar la 'responsabilidad penal individual' por esos crímenes. Bachelet debería enviar toda la información que recabó su oficina a la Corte Penal Internacional", escribió en su cuenta en Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Eso sí, Vivanco se pregunta: "Por qué el informe -que tiene una larga lista de recomendaciones al régimen- no solicita una Comisión de Investigación de Naciones Unidas, dada la magnitud del problema?".

Mientras el debate giró hacia La Haya, la alta comisionada anunció ayer la liberación de 22 presos políticos y se espera que en septiembre vuelva a exponer en Ginebra sobre la situación en Venezuela.