Esta jornada de dio a conocer el informe elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) respecto a la crisis política que vivió Bolivia en 2019 tras la cuestionada reelección de Evo Morales y la llegada al poder de Jeanine Áñez como Mandataria interina.
En el reporte se da a conocer que al menos 38 personas murieron durante las distintas manifestaciones -aunque se insta a realizar un censo para obtener una cifra exacta de víctimas mortales- y se detectaron gravísimas violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, se específica que hubo “ejecuciones sumarias”, “masacres”, “racismo”, “tortura” y “agresiones sexuales” contras múltiples personas y se acusa de que hubo discriminación racial, de género entre otras y que muchas personas no fueron juzgadas bajo el debido proceso.
Los expertos analizaron los hechos ocurridos desde el 20 de octubre de 2019 hasta finales de diciembre de esa año, es decir, desde las fallidas elecciones hasta el termino del gobierno interino de la senadora opositora.
De acuerdo al reporte la responsabilidad de estos hechos recae en el Estado de Bolivia, pero se responsabiliza además a Morales y al mandato interino de Áñez.
La CIDH visitó el país altiplanico entre 22 al 25 de noviembre de 2019, y tras realizar la inspección se recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente y autónomo, por ello, el gobierno de Luis Arce firmó un protocolo que permitió la formación de este grupo de cinco expertos, todos seleccionados por el organismo, compuesto por Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
