Existe el riesgo de que la pandemia de Covid-19 haga que se malogren muchos de los avances en materia de bienestar de las personas logrados en las dos últimas décadas en América Latina, y que se agraven los problemas existentes, según un informe publicado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
Haciendo uso del marco de bienestar de la Ocde, que se centra en las personas y sus comunidades, y no en el sistema económico como un objetivo por sí mismo, el informe titulado “¿Cómo va la vida en América Latina?” evalúa 11 aspectos del bienestar actual: ingresos y patrimonio; trabajo y calidad del empleo; vivienda; salud; conocimientos y competencias; calidad del medioambiente; bienestar subjetivo; seguridad; conciliación de la vida personal y laboral; relaciones sociales, y compromiso cívico. También analiza los recursos para el bienestar futuro, como los capitales natural, económico, humano y social.
En este informe, la Ocde analiza 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) con condiciones materiales que están en una horquilla “media-alta” de la región.
Su primera conclusión es que entre 2000 y 2019 se observaron “mejoras considerables” en el bienestar de los países de la región. Por ejemplo, el número de personas en situación de pobreza absoluta de los países analizados descendió de uno de cada tres en 2006 a uno de cada cinco en 2019, y en ese mismo período se registró un sustancial descenso de la desigualdad en los ingresos.
También mejoró el acceso de la población al agua potable y a internet, además de que el porcentaje de población urbana que vive en asentamientos informales o barrios marginales descendió de manera significativa. El promedio de la esperanza de vida al nacer aumentó desde los 73 años en 2000 a casi 77 años en 2018 en los países analizados, con tasas de mortalidad que prácticamente se habían reducido a la mitad en el caso de menores de cinco años y, en el caso de las madres durante su embarazo o al dar a luz descendieron un 30%.
El porcentaje de la población que había recibido una educación secundaria superior en los países analizados aumentó del 34% al 46%, mientras que el porcentaje de personas con estudios terciarios se incrementó del 12% al 19%. En general, el porcentaje de la población que manifiesta tener niveles bajos de satisfacción con la vida descendió en estos países del 24% al 19%.
Pero el ritmo de progreso se ha ralentizado desde mediados de la década de 2010 y, hasta 2019, persistían problemas estructurales como la informalidad y las desigualdades, destaca el informe. Así, sostiene que tras el fin del auge experimentado por el precio de las materias primas a mediados de la década de 2010, las mejoras en las condiciones materiales decayeron e incluso se revirtieron en la mayoría de los países de esta región.
Después de 2014, los resultados en cuanto a fuerza de trabajo y percepción de las propias personas sobre sus niveles de vida empeoraron en los países analizados, y también se ralentizó el ritmo de reducción de la desigualdad en los ingresos y la pobreza. La confianza de los ciudadanos en el gobierno y su apoyo a la democracia cayeron a partir de 2010.
Pese a que las tasas de suicidio descendieron entre el año 2000 y 2019 prácticamente un 25% en los países analizados, las tendencias presentaban marcadas divergencias entre unos y otros países, y a partir de 2015 volvieron a incrementarse. El aumento a largo plazo de la satisfacción con la vida experimentado durante las dos décadas previas a 2019 también alcanzó su punto álgido en 2013, con ligeros descensos a partir de entonces.
El porcentaje de trabajadores que desempeñan un empleo informal sigue siendo persistentemente elevado (del 57%), y tan solo se registró una ligera reducción entre 2010 y 2019. Pese a que se avanzó en cierta medida en la superación de las brechas de género, edad, lugar de residencia, grupo étnico o raza y nivel educativo en materia de bienestar, siguen existiendo grandes disparidades.
Con la llegada de la pandemia, en general la satisfacción con la vida cayó de forma más pronunciada en América Latina que entre los países de la Ocde, y sobre todo entre las personas más vulnerables: las mujeres, los jóvenes, quienes viven en zonas rurales y las personas con menor nivel educativo.
Se calcula que, tras la pandemia, el número de personas que cayó por debajo de la línea de pobreza absoluta en el conjunto de la región se incrementó en 22 millones, hasta situarse en 209 millones en 2020, de acuerdo a la definición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas.
Los confinamientos y las medidas de contención destinados a mitigar la pandemia han sido especialmente duros para los trabajadores informales y escasamente remunerados. Hasta el 38% de todos los trabajadores (y el 61% de los trabajadores informales vulnerables) de la región no tienen acceso a ningún tipo de protección social, según el informe.
Debido a que las escuelas permanecieron cerradas en muchos países durante más de 41 semanas, por toda la región, se establecieron soluciones de aprendizaje a distancia. No obstante, su eficacia se vio obstaculizada por el hecho de que el 46% de los niños de cinco a 12 años vive en hogares sin conectividad, y menos del 14% de los alumnos pobres (los que viven con menos de US$ 5,5 al día) de educación primaria cuentan con una computadora conectada a internet en casa.
“La pandemia de Covid-19 trae consigo el riesgo de revertir muchos de los logros de bienestar alcanzados en las últimas décadas, así como de profundizar los desafíos preexistentes”, advierte la Ocde.
En ese sentido, la organización señala que la pandemia ha puesto de relieve la importancia del acceso a la atención sanitaria para los problemas de salud física y mental. Aproximadamente el 25% de la población de América Latina no tenía acceso a servicios esenciales de atención sanitaria antes de la llegada del Covid-19.
Según el informe, es necesario que el bienestar sea el eje de los planes de recuperación para poder hacer frente tanto a los problemas existentes, así como a los nuevos que han surgido. También sugiere que las medidas de éxito más amplias, más allá de las puramente macroeconómicas, deberían formar parte del diseño y la evaluación de políticas.
“Utilizar prioridades de bienestar social -que cuentan con un amplio apoyo público- como base del gasto público es clave tanto para obtener el máximo rendimiento de la inversión en materia de bienestar como para reforzar la rendición de cuentas públicas”, subraya la organización.
Esta orientación -añade- puede ser particularmente útil en el contexto de la pandemia, ya que permitiría a los gobiernos “replantear las prioridades, el diseño, la armonización y la conexión” de las políticas por abordar.
