Un enviado de la ONU exhortó el viernes al gobierno de Ecuador a mejorar la aplicación de las leyes laborales y poner fin a los populares subsidios al combustible, parte de cruciales cambios que se requieren junto con el combate a los delitos relacionados con las drogas que han socavado la imagen del país.

El informe emitido por Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, culpó al gobierno de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre -especialmente entre las minorías-, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Dijo que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

“Mi mensaje al gobierno es que necesitamos tratar la inseguridad como un problema de pobreza y de falta de oportunidades económicas”, le dijo De Schutter a The Associated Press antes de la publicación del informe. “La respuesta no puede ser sólo de tipo policial”.

El informe de De Schutter hace énfasis en que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza. Le dijo a la AP que muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas.

El informe fue dado a conocer casi un mes después de que Ecuador se vio sacudido por el asesinato a plena luz del día del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El homicidio del 9 de agosto dejó ver el frágil estado de la seguridad del país. Villavicencio fue asesinado a tiros a pesar de que contaba con un equipo de seguridad con policías y guardaespaldas.

Al menos otros dos políticos han sido asesinados desde el homicidio de Villavicencio, y la semana pasada cuatro coches bomba y otros dispositivos explosivos estallaron en varias ciudades, incluida la capital Quito.

De Schutter se reunió con el presidente Guillermo Lasso, con representantes de su gobierno, con miembros de la comunidad afroecuatoriana y con grupos indígenas, entre otros.

El informe critica lo que dice es la poca aplicación de las leyes laborales, y hace notar que el país sólo tiene 140 inspectores, de acuerdo con cifras gubernamentales. De Schutter dijo que ese número es insuficiente, y que los inspectores “cuentan con muy pocos recursos” para proteger a la gente de tener que trabajar bajo formas de esclavitud moderna.