Francia ha “bunkerizado” su litoral septentrional para impedir las travesías ilegales del canal de la Mancha, que en 2021 tensaron la relación con el Reino Unido, denuncia un informe publicado este viernes que describe la “política de disuasión” de los últimos 30 años.

A lo largo de tres décadas, “el Estado ha perfeccionado su doctrina de disuasión” hasta lograr un litoral “bunkerizado”, explica Pierre Bonnevalle, autor del informe elaborado para la Plataforma de Ayuda a los Migrantes (PSM, por sus siglas en francés).

“Al final, los extranjeros no pueden ni entrar” en Francia y en el espacio de libre circulación europeo, “ni quedarse, ni salir”, agrega Bonnevalle.

“Alambre de púas, millones de euros para vigilancia, desalojo de campamentos... Este arsenal de medidas se acompaña de “acoso diario”, “violencia policial” e incluso de acciones para “impedir el acceso a los derechos fundamentales” de los migrantes.

“El objetivo del Estado es que los exiliados se marchen llevándolos al límite”, agrega el autor del informe para el colectivo de asociaciones.

Esta “política de disuasión” en la frontera franco-británica desde hace 30 años busca sobre todo, a su juicio, “tranquilizar a la opinión pública y a la población sobre (su) capacidad para mantener el orden”.

Pero en la práctica, ni estas medidas, ni las fuerzas de seguridad, ni los acuerdos de cooperación con el Reino Unido impiden que los migrantes arriesguen sus vidas para alcanzar las costas de Inglaterra.

Unos 52.000 migrantes intentaron así cruzar el canal de la Mancha, desde las costas francesas en dirección al Reino Unido el año pasado, informó a mediados de enero el ministerio del Interior francés.

La respuesta policial en el norte de Francia comenzó en 1997 con la llegada de una primera oleada de migrantes, especialmente de Kosovo. Desde entonces, se convirtió en un pasaje obligado para alcanzar Inglaterra.

Los campamentos se sucedieron, desde Sangatte a finales de los años 1990 hasta la “jungla” de Calais en plena crisis migratoria de 2015, si bien la política actual es impedir los asentamientos, obligando a los migrantes a “errar”.