La investigación del FBI en torno a la información secreta del gobierno hallada en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump se está enfocando en la cuestión de si el equipo de éste incurrió en una obstrucción penal de la pesquisa.
Un nuevo documento alega que se ocultaron y retiraron registros gubernamentales y que se engañó a funcionarios policiales sobre el material que aún estaba allí.
La acusación no significa necesariamente que el exmandatario, o cualquier otra persona, vaya a enfrentar cargos a la larga. Pero podría representar la mayor amenaza legal directa en contra de Trump o sus allegados, en parte porque, históricamente, el Departamento de Justicia ha considerado la obstrucción como un factor agravante que inclina la balanza en favor de presentar cargos en investigaciones relacionadas con el mal manejo de información confidencial.
“Va al fondo del intentar sobornar la integridad misma de nuestro sistema de justicia penal”, dijo David Laufman, quien solía supervisar la misma sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia que ahora es responsable de la investigación de Mar-a-Lago.
La moción más reciente del Departamento de Justicia en el caso se enfoca menos en el retiro el año pasado de información secreta de la Casa Blanca hacia Mar-a-Lago, y más en los eventos de los últimos meses. Fue entonces cuando agentes policiales intentaron, sin éxito, recuperar todos los documentos y se les aseguró, falsamente, que después de una “búsqueda diligente” todo estaba ahí.
El Departamento de Justicia emitió una orden judicial de un jurado investigador en mayo para obtener los registros, y funcionarios visitaron Mar-a-Lago el 3 de junio para recogerlos. Cuando llegaron, dice el documento de la agencia presentado el martes, un abogado de Trump les entregó “un solo sobre doblemente envuelto con cinta adhesiva” con documentos.
Las dudas del FBI sobre abogados de Trump
Una persona encargada de resguardar los registros presentó a los funcionarios una certificación jurada en la que dijo que “todos y cada uno de los documentos que incumben” a la citación habían sido localizados y entregados. Un abogado de Trump dijo que todos los registros que habían llegado de la Casa Blanca habían sido resguardados en un mismo lugar -un cuarto de almacenamiento- y que ninguno de ellos estaba en un lugar privado ni en ningún otro sitio de la residencia.
Pero el FBI comenzó a dudar sobre la veracidad de esas declaraciones y obtuvo una orden de allanamiento para regresar el 8 de agosto.
Los agentes habían “desarrollado evidencia de que registros gubernamentales probablemente fueron ocultados y retirados del cuarto de Almacenamiento y que probablemente se realizaron intentos para obstruir la investigación del gobierno”, señala el nuevo documento del Departamento de Justicia.
En su registro en agosto, los agentes hallaron documentos secretos no sólo en el cuarto de almacenamiento sino también en la oficina del expresidente, incluyendo tres documentos secretos en escritorios de oficina, según el Departamento de Justicia. En algunos casos, los agentes y fiscales que efectuaron la revisión de los documentos incautados requirieron autorizaciones adicionales, ya que el material era de naturaleza sumamente secreta.
“Que el FBI, en cuestión de horas, recuperara el doble de documentos marcados como secretos que la ‘búsqueda diligente’ que el abogado del expresidente y otros representantes tuvieron semanas para realizar pone bajo serios interrogantes las declaraciones efectuadas en la certificación del 3 de junio y arroja una sombra de duda sobre el grado de cooperación en este asunto”, se afirma en el documento.
El Departamento de Justicia ha manifestado en documentos judiciales que, además de investigar delitos relacionados con el mal manejo de información sobre la defensa nacional y otros documentos, también está examinando si alguien cometió obstrucción.
