Las autoridades iraníes ejecutaron en lo que va de año a más de 500 personas, según el recuento elaborado por la ONG Iran Human Rights (IHR), con lo que 2022 supera a los cinco años anteriores en ejecuciones de la pena capital.

El grupo denuncia además que más de la mitad de los ejecutados del mes pasado eran de la minoría baluche. En todo el año, dicha etnia representó el 30% de las ejecuciones, pese a que son menos del 6% de la población de Irán.

IHR denunció esta práctica “cruel e inhumana” y criticó la ejecución de presos políticos por delitos relacionados con la seguridad, ya que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.

El grupo mencionó en particular a Hosein Ordujanzado, Shahin Imani Moah, Milad Ashrahan Atbatan y Manuchehr Bejandi, condenados por colaborar con el Mossad israelí, según un comunicado recogido por su agencia oficial de noticias, Mizan.

Estos “alborotadores”, como los describe la Judicatura iraní, fueron detenidos en junio por la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y fueron condenados a muerte poco después, por cooperar con el Mossad y por secuestro.

De acuerdo con el comunicado, los cuatro aprehendidos también provocaron “daños a la propiedad pública y privada” y efectuaron “operaciones de compraventa de armas” a las órdenes de un agente israelí a cambio de criptomonedas.

Otros tres imputados en este caso fueron condenados a entre cinco y diez años de prisión por delitos contra la seguridad del país, colaborar en secuestros y portar armas de fuego.