Israel allanó las oficinas de siete grupos activistas palestinos en Cisjordania a los que había designado como organizaciones terroristas, selló las puertas de acceso y dejó avisos que declaraban su cierre, según dijeron los grupos el jueves.
Israel ha afirmado que algunos de esos grupos tenían lazos con el Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP), un movimiento izquierdista y secular que tiene un partido político y un brazo armado que ha realizado ataques mortales contra israelíes. Las organizaciones rechazan esa acusación.
“Esta mañana, las Fuerzas de Ocupación de Israel allanaron la oficina de Al Haq en Ramala, confiscaron artículos y cerraron la entrada principal con una placa de hierro, dejando tras de sí una orden militar que declaraba ilegal a la organización”, dijo en su perfil oficial de Twitter Al-Haq, organización de derechos humanos con sede en Ramala.
Shawan Jabarin, director de Al-Haq, uno de los grupos afectados, confirmó que las fuerzas habían allanado la oficina, pero dijo que aún no habían determinado si se había confiscado algún documento. “Vinieron, volaron la puerta, entraron y revolvieron los archivos”, dijo a The Associated Press.
La oficina del ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, reiteró el día anterior la posición del gobierno sobre el tema y aseguró que “las organizaciones operan bajo la apariencia de realizar actividades humanitarias para avanzar los objetivos de la organización terrorista FPLP para reforzar la organización y reclutar miembros”.
Defensores de derechos describieron la campaña israelí contra esas organizaciones como parte de una represión de varias décadas sobre el activismo político en los territorios ocupados.
“Estas acusaciones no son nuevas e Israel no logró convencer ni siquiera a sus amigos”, dijo Jabarin.
Según reportes, entre los grupos afectados estaban Al-Haq, un veterano grupo palestino de derechos con reconocimiento internacional que defiende a prisioneros palestinos, Addameer, que supervisa el trato de los prisioneros palestinos arrestados en Cisjordania por Israel, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, la Fundación de Comités de Trabajo de Salud y el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo.
Jabarin dijo que “vecinos y extraños” que estaban cerca durante la redada abrieron la oficina en Ramala en cuanto se marcharon las fuerzas israelíes, y que el personal de Al-Haq estaba dentro reanudando su trabajo. “No pedimos permiso a ningún militar ni político israelí. Seguimos adelante, alentados por nuestra creencia en la responsabilidad y el derecho internacional”, agregó.
Michael Sfard, un abogado de derechos humanos israelí que está litigando la apelación de Al-Haq, calificó la medida como un intento de reprimir a los críticos “a punta de pistola”. “No podemos defendernos. Ni siquiera nos detallaron los cargos, y mucho menos la evidencia y en qué se basan las acusaciones”, dijo Sfard.
Addameer informó, al igual que las demás ONG afectadas, que la orden militar de allanamiento “quedó clavada en la puerta de su oficina”. “Este es un ataque asombroso a nuestro necesario trabajo de derechos humanos”, dijo.
En un comunicado, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó el cierre de estas instituciones civiles y de derechos humanos que operan tanto en Ramala como en Al Bireh, así como la incautación de su contenido, según recogió la agencia de noticias WAFA. “La Presidencia consideró la decisión israelí un crimen y un ataque flagrante a las instituciones de la sociedad civil palestina, así como un ataque a todo el sistema internacional de derechos humanos”, precisó, agregando que estos grupos “cumplen con su deber de exponer los crímenes de la ocupación y exponerlos al mundo”.
De igual forma, el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh calificó de inválida la acción contra las ONG. “Estas son instituciones legales que trabajan bajo la ley”, dijo Shtayyeh a los periodistas durante una visita a la oficina de Al-Haq en Ramala.
Las redadas del jueves se hicieron siete meses después de que Israel ilegalizara Al-Haq, Addameer, Bisan y otras organizaciones.
El FPLP, fundado en 1967 y segunda formación más grande de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por detrás del movimiento Al Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, es considerado por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.
El Ministerio de Defensa dijo el año pasado en un comunicado que algunos de los grupos ilegalizados entonces estaban “controlados por líderes” del FPLP y empleaban a sus miembros, incluidos algunos que habían “participado en actividad terrorista”.
Gantz anunció en 2021 la decisión del gobierno israelí de cerrar al menos seis ONG argumentando que estos grupos operaban como un brazo del FPLP, una normativa que provocó una condena internacional y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la calificó como un “ataque injustificado”.
El Ministerio de Defensa israelí afirmó que las organizaciones servían de “fuente central” de financiamiento para el FPLP y habían recibido “grandes sumas de dinero de países europeos y organizaciones internacionales”, sin entrar en detalles.
Pero la decisión de Israel de cerrar el jueves siete organizaciones palestinas a las que acusa de canalizar ayuda a grupos militantes provocó la condena de Naciones Unidas, que dijo que no había pruebas creíbles que apoyaran la acusación.
Israel ha declarado previamente a seis de los grupos como organizaciones terroristas. Esta designación, que ha suscitado críticas de las Naciones Unidas y de los organismos de vigilancia de los derechos humanos, fue ratificada el miércoles para tres de los grupos. Naciones Unidas pidió que se revocaran las denominaciones.
“A pesar de las oportunidades para hacerlo, las autoridades israelíes no han presentado a las Naciones Unidas ninguna prueba creíble que justifique estas designaciones”, dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado. “Los cierres parecen totalmente arbitrarios”. Nueve países de la Unión Europea han dicho que seguirán trabajando con las organizaciones, debido a la falta de pruebas de la acusación israelí.
En tanto, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo este jueves que Washington estaba preocupado por las redadas israelíes. Señaló que Estados Unidos se había comunicado con Israel después de los cierres “incluso a niveles superiores”.
Price sugirió que la inteligencia proporcionada por Israel aún tenía que persuadir a los funcionarios estadounidenses de los presuntos vínculos terroristas de los grupos. “No hemos visto nada que nos haya llevado a cambiar nuestro enfoque o posición sobre estas organizaciones”, dijo Price. Agregó que los israelíes eran bienvenidos a enviar más inteligencia para revisión estadounidense. “Revisaremos lo que se nos proporcione y llegaremos a nuestra propia conclusión”, indicó.
También el jueves, el Ejército israelí dijo que hombres armados palestinos habían disparado a los soldados en una operación militar en la ciudad cisjordana de Nablus y que los soldados habían devuelto el fuego. El Ejército se refería a un incidente de madrugada en el que murió un palestino de 18 años, Waseem Khalifa.
Israel realiza redadas casi a diario para hacer detenciones en Cisjordania, contra lo que describe como redes milicianas tras una serie de ataques mortales en Israel en primavera. Las redadas suelen desencadenar choques con palestinos que arrojan piedras o intercambios de disparos con milicianos.
