El Presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó la noche de este martes la Ley de Seguridad Ciudadana, que busca reducir la impunidad en los delitos violentos y brindar una mayor protección tanto a los ciudadanos como a los miembros de la fuerza pública. Para Duque, la legislación, que fue presentada tras las protestas de 2021, constituye “un triunfo de la legalidad”, a pesar de que ha sido motivo de controversia, ya que abre la puerta al uso de armas en defensa propia.

La nueva ley, en la que trabajaron los ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, permitirá realizarle reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. Asimismo, una parte clave de la norma es que se les brindará a las autoridades instrumentos jurídicos y recursos económicos necesarios para combatir la delincuencia.

“Esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger TransMilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”, indicó el ministro de Interior, Daniel Palacios.

La Ley de Seguridad Ciudadana también establece que las penas serán mayores para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. Además, será un delito el porte de arma blanca en evento masivo y se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

Pero uno de los principales cuestionamientos frente a la ley es que abre una puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia “contra una injusta agresión”, sin que después haya una responsabilidad penal, destaca la cadena Deutsche Welle. También, contempla la “legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo”.

La oposición califica la ley como una iniciativa que criminaliza la protesta. Específicamente la norma fue presentada tras las manifestaciones que afectaron al país en 2021, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y que se extendieron cerca de dos meses, en las que hubo reportes de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados atacando a los manifestantes.

“Es una ley garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia. Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes, porque los perseguiremos para combatir la inseguridad que tanto está afectando al ciudadano”, defendió el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.

De hecho, la norma establece que quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana, que es de 58,3 años de prisión.

A partir de ahora, los soldados y policías tendrán “una ley que les representa, y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos, pero que les exige actuar con excelencia”, aplaudió el ministro de Defensa, Diego Molano.