Una importante reforma migratoria será impulsada por el Gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, en la que no solo buscará limitar el reingreso al país vecino, sino que también planea incluir aranceles tanto a las universidades como a la atención sanitaria para los extranjeros no residentes.
Esta decisión se tomó, según el vocero presidencial, Manuel Adorni, porque “el residente argentino esté por encima de los no residentes. Poner al servicio la salud de un extranjero que viene a sacarle recursos a un argentino es bastante poco justo”.
La medida fue anunciada la tarde de este martes, sin detallar todavía cómo se tramitará la reforma, si se llamará a sesiones extraordinarias, qué proyectos se tratarían, o siquiera si se impulsará vía decretos, leyes o resoluciones.
Lo que sí anunció en la Casa Rosada fue el alcance de las medidas. “El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, inició la voz de Javier Milei.
Luego, enumeró las medidas. “En primer lugar, vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, explicó.
Desde que Milei planteó la posibilidad de cobrar a extranjeros, en las universidades públicas se desató un amplio debate sobre la postura. Mientras algunos consideran algo prudente, otros creen que va contra el espíritu de la educación superior pública y gratuita, y que, cuando es de libre acceso, lo es para todos, argumentan.
El siguiente punto en la lista lo compone el sistema de salud, el que también quedará sujeto a la reforma contra el uso migratorio. En concreto, busca poner fin a la gratuidad de la atención médica para los extranjeros, explicó Adorni: “Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”.
Para argumentar la decisión del Ejecutivo de impulsar esta medida, puso como ejemplo a la provincia de Salta, ubicada al noroeste del país, y que limita con la provincia argentina de Jujuy, pero también con Bolivia, Paraguay y Chile.
“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, aseguró el vocero trasandino. Con esto, añadió, se acabarán “los tours sanitarios”.
Según explicó La Nación, el cobro en salud para los no residentes será una decisión de cada provincia, y el gobierno nacional solo podría convertirlo en obligatorio para los hospitales bajo su comando, por lo que “la medida tendría un alcance limitado”, señaló el periódico trasandino.
Para el periódico Página/12, de corte izquierdista, “los datos y la realidad sugieren que estas medidas tienen más un fin político y simbólico que un impacto real en la economía nacional”. La información oficial sugiere que “los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% de todos los estudiantes universitarios en el país, alcanzando el 9,9% en los posgrados”, complementó el medio. Y si bien lo dicho por Adorni sobre que 1 de 3 estudiantes de Medicina es extranjero, la realidad tampoco está tan lejos: en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un 23% de los matriculados son extranjeros.
La batería de propuestas para limitar la inmigración también incluye un punto relativo a los delitos cometidos, ya sea para impedir el ingreso a Argentina o para expulsarlos. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo, atacando las instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país”, señaló Adorni.
En un espacio más gris quedó la frase sobre quienes presenten documentación apócrifa, apuntando a que se le negará el acceso a una persona que “se sospeche” que haya intentado ingresar a Argentina por un motivo distinto al que declaró. Además, las penas para quienes vuelvan a entrar a la nación pese a mantener una prohibición, serán mayores.
“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, cerró el político de La Libertad Avanza.
