La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, condenó hoy "rotundamente" cualquier intento de los legisladores estadounidenses de interferir en la ciudad semiautónoma china a través de un eventual proyecto de ley en el congreso norteamericano.

A través de una conferencia de prensa, Lam respondía así a la reciente petición de los manifestantes hongkoneses al Congreso los Estados Unidos para que apruebe la ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong.

Ese proyecto de ley requeriría que Washington valore de forma anual si la región especial goza de la suficiente autonomía para justificar su especial estatus comercial.

En caso de que no se certifique esa autonomía, la ciudad perdería algunos privilegios comerciales con Estados Unidos de los que dispone actualmente y de los que no disfruta China.

El pasado domingo miles de manifestantes se concentraron ante el consulado de Estados Unidos en Hong Kong para instar al gobierno y a los congresistas norteamericanos a aprobar ese proyecto de ley, que creen que permitirá salvaguardar sus libertades.

"El Gobierno de Hong Kong se opone frontalmente a que el Congreso de EE.UU. interfiera en los asuntos de la ciudad a través de ese proyecto", aseguró hoy Lam.

La jefa del Ejecutivo recalcó que el parlamento de cualquier país debe encargarse de los asuntos internos y consideró "extremadamente inapropiado" que una cámara extranjera intervenga en Hong Kong "a través de cualquier medio".

Cerca de 85 mil estadounidenses viven en Hong Kong y unas 1.400 compañías de EE.UU. tienen sus oficinas regionales en el centro financiero asiático, que atraviesa actualmente por una de sus peores crisis políticas en décadas.

La crisis se originó por un proyecto de ley de extradición que permitiría extraditar a "sospechosos" de Hong Kong a China continental, donde los tribunales no cuentan con las suficientes garantías.

El movimiento antigubernamental ha entrado en su decimocuarta semana consecutiva y no muestra signos de calmarse, a pesar de que Lam anunciase la retirada formal del proyecto de ley de extradición el pasado 4 de septiembre.

Los manifestantes y opositores aseguran que ese gesto es "demasiado poco" y ha llegado "demasiado tarde".