El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, adelantó este martes que propondrá a los líderes de la UE la adopción de sanciones a funcionarios rusos, además de iniciativas para enfrentar la desinformación, los cibertaques y otros “desafíos híbridos”.

“Los países miembros (del bloque) decidirán el próximo paso. Podrán incluir sanciones. Y presentaré propuestas concretas”, adelantó Borrell en un discurso ante el Parlamento Europeo para ofrecer detalles de su accidentada visita a Moscú en la semana pasada.

Ayer los gobiernos de Alemania, Polonia y Suecia anunciaron que expulsarán a los representantes diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin como respuesta a la medida del ministerio de Relaciones Exteriores ruso que declaró como personas “non grata” a los emisarios de dichos países.

“El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores ha declarado hoy persona non grata a un miembro del personal de la embajada rusa de Berlín”, anunció en un comunicado. Los gobiernos de Polonia y Suecia realizaron anuncios similares en paralelo.

El gobierno sueco dijo haber “informado al embajador de Rusia que una persona de la Embajada debía abandonar Suecia. Es una respuesta clara a la decisión inaceptable de expulsar a un diplomático sueco que no hacía más que cumplir sus funciones”, escribió la ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde en Twitter.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia también anunció en Twitter su decisión de declarar “a un empleado del Consulado General de Rusia en Poznan (oeste) como persona non grata”, ante la decisión “injustificada” de Moscú.

Ante los anuncios la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, declaró que la decisión de Alemania, Suecia y Polonia es “infundada y hostil” y denunció una vez más “la injerencia” occidental en los asuntos internos de Rusia.

Rusia anunció el viernes la expulsión de diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia a los que acusa de haber participado en una manifestación en favor del opositor encarcelado Alexéi Navalny.

De acuerdo al Kremlin, participaron supuestamente en concentraciones “ilegales el 23 de enero” en San Petersburgo y Moscú, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que consideró “esas acciones inaceptables e incompatibles con su estatuto diplomático”.