La última en sumarse fue Argentina. El país gobernado por Alberto Fernández se integró así a México, Colombia y Bolivia, que hicieron público a través de sus respectivas cancillerías el apoyo al destituido líder peruano, Pedro Castillo
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. (…) Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, declararon las cuatro naciones, en un llamado a desconocer la designación de la anteriormente vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria de Perú.
El abogado experto en derechos humanos y exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco habló con La Tercera sobre los alcances de esta declaración conjunta, así como del estado de la región en cuanto a la defensa de la democracia.
En el comunicado, los cuatro gobiernos hacen un llamado “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. ¿Qué se puede leer de aquello?
La declaración de estos cuatro países, aparte de ser desafortunada y profundamente equivocada, lo más importante es que es muy reveladora del concepto que manejan sobre la legitimidad democrática. Es evidente que para estos cuatro gobiernos, la legitimidad de origen de un gobierno elegido democráticamente, como es el caso de Pedro Castillo, una vez que se instala en el poder, les permitiría gobernar de cualquier manera, como se ve, como se les antoja, sin comprender que la legitimidad democrática no es solo de origen, sino también de ejercicio. Un gobierno no puede, una vez elegido, ejercer el poder de un modo arbitrario, violando, por ejemplo, el Estado de Derecho, violando la separación de poderes. Y si lo hiciera, esa es una conducta usualmente inconstitucional y, al mismo tiempo, hace que el gobierno, por legítimo que sea su origen, pierda validez. Ese es todo el sentido que tiene la evolución de normas, de acuerdos, de tratados internacionales con el fin de condenar, sancionar y prevenir, por ejemplo, un golpe de Estado. Aparte de que las elecciones sean transparentes, una vez elegido el gobernante debe cumplir con ciertos parámetros y no puede organizar un autogolpe. Es muy revelador el comunicado, porque es muy diáfano en la visión que comparten estos gobiernos, que en mi opinión es profundamente antidemocrática. En realidad no debería siquiera decir en mi opinión, porque a la luz de los tratados, específicamente de la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 2001, precisamente contempla hipótesis como la que se dio en Perú. El énfasis se coloca en que el señor Castillo fue elegido democráticamente, representa la voluntad popular y aquí se ha violado la voluntad popular por parte de otros órganos del Estado, como es el Congreso, al ordenar la destitución y, por lo tanto, no se reconoce a la sucesora del Presidente Castillo. Esa es la tesis de ellos. A contrario sensu, si uno adhiere a esa tesis, quiere decir que entiende que basta con una elección democrática, como lo fue la de Castillo, y una vez elegido ese gobernante puede hacer y deshacer.
¿Cómo califica la reacción internacional, en general, ante la decisión del expresidente peruano?
No es que lo que hizo Castillo fuera inconstitucional, esto es propio de una tiranía. Es una concentración total de poder. Es difícil encontrar un ejemplo más patente de un golpe de Estado, que felizmente no se consumó por una razón fundamental, que fue que ni la policía ni el Ejército estuvieron disponibles, quienes se mantuvieron fieles a la Constitución. Si ambas instituciones hubieran obedecido al Presidente Castillo, estaríamos evidentemente ante un golpe de Estado que debió ser condenado en términos explícitos y tajantes por las democracias latinoamericanas en virtud de lo que establece la Carta Democrática, y evidentemente que estaríamos frente a una tiranía. Yo me pregunto, estos cuatro gobiernos ¿no están conscientes de eso? La verdad es que Perú no requirió de apoyo internacional para salvar sus instituciones democráticas, porque la verdad es que la reacción internacional fue muy pobre. Incluso, parte de ella avaló y ha intentado victimizar a Castillo, algo absolutamente insólito.
También piden en el documento que se “respeten a cabalidad los derechos humanos” del exmandatario. ¿Cree que efectivamente estén en riesgo?
No, eso es una cortina de humo. Conociendo como conozco el sistema, no solo político, sino judicial peruano, y las condiciones en las que se encuentran, algunos con arresto domiciliario, como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente, otros como Ollanta Humala, que también están bajo investigación por temas de corrupción, lanzar una alerta sobre las condiciones de Pedro Castillo es totalmente extemporáneo. De ninguna manera estoy sugiriendo que Castillo no tenga derechos. Por supuesto que los tiene. A que se respete su dignidad, a que se le trate con respeto, no porque es un expresidente peruano, sino que porque ese respeto elemental lo merece todo ciudadano en Perú y en cualquier parte del mundo. Que se respete el debido proceso desde luego, pero no hay que ignorar que Castillo está siendo investigado por denuncias muy graves, tanto él como su entorno cercano, incluidos familiares, por hechos de corrupción serios.
¿Es esta carta de apoyo una legitimación de un golpe de Estado, considerando las similitudes entre el intento por cerrar el Congreso por parte de Castillo con el protagonizado con éxito por Alberto Fujimori en 1992?
Si Castillo hubiese tenido la obediencia absoluta y vertical de las Fuerzas Armadas, y estas se hubieran embarcado en ese proyecto autoritario, habrían logrado consumar un golpe de Estado como lo hizo Fujimori en 1992. Si las medidas que en abril del 92 Fujimori ordena, en esto que se llama el autogolpe de Fujimori, son calcadas las instrucciones y el libreto que sigue Pedro Castillo. La diferencia es que, en esa época, el Ejército y la policía se alinearon, y eso llevó al Perú a un período de prácticamente toda la década del 90 bajo esa dictadura, donde se cometieron no solo graves violaciones a los derechos humanos, donde se violó la Constitución, sino también numerosos y connotados actos de corrupción que han sido debidamente documentados, porque Vladimiro Montesinos se encargaba de documentarlos y firmarlos. Realmente, uno queda en una total perplejidad ante este comunicado de los cuatro países, y creo que refleja una fractura muy seria en América Latina en relación con el apego con el consenso democrático. Ni hablar de Venezuela. No estamos contemplando la opinión de las tres dictaduras conocidas, como Nicaragua, Venezuela o Cuba, pero que la democracia argentina, con todas sus deficiencias, pero que es un país democrático; Colombia, que también es un país democrático, y también lo es México, aunque ha habido retrocesos muy serios en ese ámbito promovidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que esos tres países salgan ante la opinión pública a darle un respaldo a Castillo y abiertamente llamen a desconocer a la autoridad de aquella que es la sucesora legítima constitucional, Dina Boluarte, me parece realmente muy grave.
