Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia: “La seguridad no puede ser un tema ideológico”

Al exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, le gusta viajar a Chile. Y es que a comienzos de los años 90 vivió por un tiempo en nuestro país. De hecho, en la siguiente entrevista con La Tercera, destaca cómo ha cambiado Santiago en todo este tiempo, en especial, las autopistas urbanas para acceder desde el aeropuerto.

Esta semana, Pinzón volvió a visitar Chile. Lo hizo para participar en la presentación de un libro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) sobre temas de seguridad y justicia para América Latina en el que contribuyó, así como para compartir en distintas actividades su experiencia en temas seguridad.

Y es que el economista y político colombiano, quien fue candidato a la presidencia y se desempeñó como embajador en Estados Unidos en dos oportunidades, en la actualidad es conferencista en varios países sobre temas de seguridad, contrainsurgencia y lucha contra el narcotráfico, además de profesor visitante en la Universidad de Princeton.

Atendiendo a su experiencia, ¿cuál es su radiografía de la situación de seguridad en la región?

Yo creo que ese es un tema muy importante, porque América Latina es la región más violenta del mundo, donde más homicidios ocurren, donde más hechos criminales ocurren. Y es evidente que la solución es crear oportunidades, desarrollo, empleo, alternativas sociales. Pero nunca va a haber alternativas sociales si no hay seguridad. La seguridad no puede ser un tema ideológico, no es un tema de sector político, es un tema de convivencia, de vivir tranquilos, de vivir en paz. Y la justicia es vital, porque cuando no hay justicia y reina la impunidad, lo que se desarrolla son dinámicas de violencia adicional. Esa es la triste experiencia de un país como el mío, como Colombia. La alta impunidad invita a la violencia desgraciadamente, y es algo que es muy importante para unas sociedades civilizadas tener soluciones.

Desafortunadamente en Chile hoy el 69% de los chilenos cree que es la seguridad el principal problema, y cuando uno compara el problema de seguridad en Chile o la percepción de los ciudadanos de los otros países, es increíble. Chile que es un país más pacífico que la mayoría, hoy su tema número uno es la seguridad.

En ese sentido, ¿el tema de la seguridad es también una de las principales preocupaciones en otros países de América Latina?

Sin duda. Cuando usted va desde México hasta la Patagonia en Argentina o hasta Chile, en todos los países el tema de la seguridad está siendo número uno, número dos. Y esto tiene que ver con un incremento de las capacidades o de la presencia del crimen organizado. El crimen organizado es transnacional, en cambio los gobiernos tienen fronteras, comencemos por ahí. El crimen organizado se mueve con facilidad de un país a otro.

El mayor problema que uno ve cuando el crimen organizado empieza a prosperar es que muy rápido empieza a corromper la sociedad. Hacen uso de la corrupción, compran jueces, policías, militares, políticos, medios de comunicación. Luego lo que viene es el control social de la población, de control del territorio. Y finalmente esto escala hacia la gran corrupción política, que es lo que uno ve con mucha preocupación en el caso de Colombia, Ecuador, Honduras, México, y uno ve que poco a poco fenómenos similares empiezan a darse en otros países de la región.

¿Cuánto se agrava esta situación con la irrupción del Tren de Aragua?

Es muy grave, porque ese tipo de organizaciones, al salir desde Venezuela, prácticamente están en todos los países donde ha habido migración venezolana, que, digamos la verdad, es en todos. Usted ve el Tren de Aragua en Chile, Perú, Ecuador, ciertamente en Colombia, en Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos. Incluso se habla que en países como Europa, como España, también hay esa presencia.

Una de las preocupaciones grandes que se da cuando el crimen organizado se expande, es que empieza a tener correlación con el poder político. Hay sectores políticos que se dejan seducir o por una aspiración de pacificar, entonces tratan de transar con esas organizaciones y al final lo que uno termina viendo es que esas organizaciones influyen luego en las estructuras de poder.

Yo espero que en Chile no tengan aún ese nivel de problema, pero están recorriendo ese camino que ya recorrimos en otros países. Cuando uno mira incluso hoy Colombia, que había avanzado mucho en seguridad y hoy está en una regresión, parte de la frustración es que uno vuelve a ver cómo las organizaciones criminales empiezan a determinar el futuro político de las naciones, debilitando la democracia y casi que tomándose la democracia.

Ahora respecto de la supuesta presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha llegado a vincular a este grupo con el propio gobierno de Nicolás Maduro, si bien reportes de inteligencia lo contradicen. ¿Cuál es su visión al respecto?

Pues mire, lo primero, el régimen de Maduro es un narcorrégimen, partamos de eso. En Colombia, por las funciones que tuve como ministro de Defensa, pude conocer de primera mano cómo actuaban parte del régimen venezolano, y es indudable que tuvieron relaciones en su momento con el ELN, con las FARC y con otras organizaciones. Por eso apareció esa estructura o esa lógica organizacional que se conoce como el Cartel de los Soles, donde incluso miembros de las Fuerzas Armadas, yo no puedo decir que todos, ahí las generalizaciones son odiosas, pero indudablemente sectores, grupos específicos, personas, se beneficiaron del negocio criminal del narcotráfico o permitieron que ocurriera para fines políticos.

En todo ese caos que se fue creando en Venezuela, la aparición de bandas criminales como el Tren de Aragua fue tomando posicionamiento en distintas zonas. Recordemos que Venezuela llegó a ser el país más violento del mundo, sobre todo la ciudad de Caracas, la capital más violenta del mundo hasta hace unos años. Y en buena medida era porque el mismo gobierno se hacía el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales estaban conectadas con los colectivos que de alguna manera apoyaban el régimen chavista, al régimen de Maduro. Entonces es a partir de ahí que se expande una organización como el Tren de Aragua y en la medida en que se fue yendo a otros países, pues mantiene vasos comunicantes.

Lo que dice la administración del presidente Trump es que hay vínculos, algunos posiblemente identificados en el pasado, como en el caso de quien fuera ministro y vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, pero se estima que aún algunas de las figuras que están en poder en Venezuela tienen esa conexión con las estructuras criminales de narcotráfico. Una será en el Tren de Aragua, habrá otras, porque eso es lo difícil del crimen organizado, que va mutando, se va organizando de distintas maneras, pero el problema es esa conexión entre política, crimen organizado y narcorregímenes.

Usted hizo alusión a los avances que había tenido Colombia en materia de seguridad y que en el último tiempo se había observado un retroceso. ¿A qué se debe ello?

Colombia fue tal vez el país que más avanzó (en materia de seguridad) en el continente los primeros 15 años en el siglo XXI. Era un país que venía de tener la tasa de homicidios más alta del mundo en finales de los 90, que teníamos hechos de terrorismo permanente, hechos de violencia. Y con una decisión democrática, porque eso es lo más importante, fue el pueblo colombiano el que, ante esa ola de inseguridad, esa violencia y ese sometimiento al que estaba el país, demandó políticas de seguridad.

Y eso llevó a la creación del concepto de “seguridad democrática”, que es un modelo en el cual la prioridad del esfuerzo en seguridad es proteger la población y aislar a la población de la criminalidad. Y lo hicimos con efectividad, Colombia bajó la tasa de homicidio de cerca de 80 casos por 100 mil habitantes a 23 por 100 mil habitantes en su momento y, si bien es cierto, faltaba mucho esfuerzo, también se redujo el narcotráfico de manera sustancial. Para el año 2000, Colombia tenía cerca de 180 mil hectáreas de coca, mientras que para el año 2012-2013 teníamos tan solo 48 mil, y la producción de cocaína se había bajado. Entonces, los grupos criminales ya no podían operar con la libertad y no tenían el financiamiento que se quería.

Desafortunadamente en el 2016, en el marco de la firma de acuerdos de La Habana para cerrar un acuerdo con las FARC, una de las cosas que se dejó y se cedió fue las herramientas que teníamos de lucha contra el narcotráfico: La aspersión, la toma territorial, la expansión de las Fuerzas Armadas hacia zonas difíciles. Y, al contrario, lo que hubo fue un repliegue.

El resultado es que hoy, pasados los años, Colombia tiene cerca de 253 mil hectáreas de coca, según Naciones Unidas, y cerca de 2.600 toneladas métricas de cocaína de producción potencial. Se incautan muchas, como 870 a 900 toneladas. Eso escasamente es el 28% del total de la producción. ¿Eso qué significa? Que el resto de cocaína fluye a los mercados en Estados Unidos, en Europa, en la misma Colombia, y desafortunadamente esto es algo que está medido de forma limitada, pero hoy los latinoamericanos consumen más drogas de lo que hacían en el pasado, generando un mercado interno si se quiere que también favorece esa criminalidad. Entonces, es muy preocupante y, en ese sentido, el país ha ido perdiendo la seguridad, en la medida en que las economías criminales se vuelven fuertes, financian ejércitos armados, organizaciones criminales, toman control territorial.

Un punto adicional que le diría es más reciente y es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí hubo un rompimiento con la tradición de confrontar el crimen, incluso ha habido narrativas públicas a nivel mundial que justifican la existencia de la actividad criminal. Petro ha comparado la cocaína con el petróleo o con la minería, que es algo que ha impactado mucho a la sociedad colombiana y, por lo mismo, esto ha ido dándole un discurso político a bandas criminales, incluso y las ha ido fortaleciendo.

Ofreció un modelo de “paz total” que ha sido un fracaso. El nombre era muy bonito, pero el resultado ha sido pésimo porque esto lo que ha generado es más impunidad. La idea de pagarles a las personas para que no asesinen o para que no cultiven droga ha sido una contradicción. En un país como Colombia que tiene gente que necesita dinero para estudiar, para hacer emprendimiento social, para tener una vivienda digna, no se les está dando recursos a estas personas sino al delincuente. Entonces eso va creando una contradicción y el resultado neto hoy es que la seguridad en Colombia se ha vuelto a deteriorar.

En Colombia, la Policía Nacional está bajo la tutela del Ministerio de Defensa. ¿Usted prefiere eso a que estén bajo el mando del Ministerio de Interior, como sucede en Chile?

Mi experiencia es que tiene que haber un liderazgo político civil muy sólido, con una capacidad de planificación muy profunda, con un esfuerzo de inteligencia del Estado muy enfocado en la criminalidad, no en otros asuntos, pero lo más importante es la coordinación. No importa dónde estén ubicados, si esa coordinación no es obligatoria y no se genera, simplemente no importa si uno tiene a todo el mundo en el mismo ministerio. Entonces la coordinación tiene que ser forzosa, obligatoria, y tiene que haber coordinación entre las agencias de inteligencia, las agencias de policía y las Fuerzas Armadas. Cuando el crimen organizado, que es transfronterizo, se vuelve un problema de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas sí pueden jugar un papel de control, de colaboración, de contribución. O cuando el crimen organizado toma zonas donde incluso la presencia policial armada es insuficiente, la fuerza militar debe ser un contribuyente en apoyo a esos esfuerzos. Entonces el secreto de todo es coordinación en la inteligencia, en la operación y luego en la presencia integral del Estado, porque hay zonas donde, lo digo por la experiencia de mi país, cuando hay una pobreza extrema, marginal y no hay otra actividad económica que la criminal o donde hay zonas supremamente alejadas donde el control lo tiene una organización criminal, pues es necesario no sólo derrotar la amenaza armada, sino llevar educación, desarrollo, oportunidades económicas, sino el ciclo se repite.