En 2014, la operación “Lava Jato” se inició en Brasil para investigar un sistema de corrupción que desembocaría en el escándalo de Petrobras, la petrolera nacional de ese país. Se desveló entonces una gigantesca red de sobornos a políticos y dirigentes empresariales de 12 países latinoamericanos, entre ellos estaba Marcelo Odebrecht, heredero de la constructora que lleva su apellido. A él se le acusó de blanqueo de capitales, asociación para delinquir y corrupción activa, por lo que el exjuez federal Sergio Moro lo condenó a más de 19 años de cárcel. En 2022 la pena fue reducida a siete años, ya cumplidos.
Sin embargo, este martes el magistrado José Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, determinó que los funcionarios que participaron en la operación Lava Jato, ignoraron el “debido proceso” con el fin de “garantizar sus objetivos personales y políticos”, por lo que declaró “la nulidad absoluta de todos los actos realizados en perjuicio del demandante en el ámbito de los procedimientos vinculados a la Operación Lava Jato”. Esta fue la respuesta tras la solicitud de los abogados de Marcelo Odebrecht. El argumento utilizado por los defensores es que su caso era parecido al de otros acusados que vieron sus casos anulados por irregularidades durante el proceso.
Así pues, la decisión del magistrado deshace las actuaciones contra el empresario brasileño que había aceptado colaborar con la investigación. En su decisión, Toffoli afirma que “ante el contenido de los frecuentes diálogos” entre Moro y el fiscal de Lava Jato “específicamente” sobre el Marcelo Odebrecht y las empresas que presidía, “resulta clara la mezcla de la función de acusación con la de juzgar, erosionando las bases del proceso penal democrático”.
En enero, el mismo magistrado Tiffoli suspendió el pago de 1.700 millones de dólares en multas impuestas a Odebrecht, por su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.
