Este lunes, el juez argentino Julián Ercolini acusó al expresidente Alberto Fernández por dos delitos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves y amenazas coactivas, ilícitos perpetrados en contra de su expareja, Fabiola Yáñez. Esto, luego de siete meses de investigación.

Los cargos fueron agravados por haberse cometido de manera reiterada y en un contexto de violencia de género. No obstante, el acusado aún podría apelar el procesamiento.

Según detalla el medio Clarín, la resolución establece que desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024, “el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa” la exprimera dama, ejerciendo “con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

De esta forma, y según lo planteado en la acusación por el fiscal Ramiro González, “se demuestra que la relación se encontraba atravesada por violencia habitual y constante, fundamentalmente psicológica, con episodios de violencia física recurrente”.

Pese a lo anterior, el magistrado instruyó levantar la prohibición de salir del país a la que estaba sujeto el exmandatario, pero está obligado a informar cuando viaje, como así también por cuánto tiempo, el detalle de los vuelos y dar cuenta de su retorno.

De igual modo, se mantuvo la prohibición de acercarse a la denunciante en un radio de 500 metros.

Cabe recordar que el 6 de agosto de 2024, la víctima, de 43 años, había denunciado al otrora jefe de Estado del país vecino por violencia física y psicológica. Sin embargo, Fernández rechazó todas las imputaciones, tildando la acusación como “una estafa procesal sin precedentes”, según un escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado.

En tanto, las penas por los tres ilícitos que se le acusan a Fernández podrían ir desde los 3 a los 18 años de cárcel.