En un nuevo revés judicial para el Presidente Javier Milei, un tribunal federal de Argentina dictó este lunes una medida cautelar que suspende “preventivamente” la derogación de la Ley de Tierras que restringe la venta de terrenos a ciudadanos y capitales extranjeros.

La norma está contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa el gobernante libertario para desregular la economía y reducir el gasto fiscal en el país trasandino.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak -hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak- dictó la cautelar contra la derogación como consecuencia de un recurso de amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, que denunció “la inconstitucionalidad y nulidad” del DNU, de acuerdo al reporte del diario bonaerense ‘La Nación’.

En su presentación ante la Justicia, la entidad de los excombatientes indicó “que la norma aquí impugnada, al derogar la anterior, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

Así, con la resolución judicial la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, nombre oficial de la norma, recupera así su vigencia porque el decreto derogatorio no explica por qué esta medida ayudaría a resolver los problemas sociales y económicos del país. Además cuestiona que se decida por un decreto nacional de urgencia.

“Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos”, explica el dictamen judicial.

La ley limita a 1.000 hectáreas la cantidad de terrenos que puede adquirir un ciudadano extranjero. Posteriormente las provincias argentinas fijaron equivalencias. El objetivo es que no se puedan enajenar más del 15 por ciento de las tierras rurales del país, cifra que era en 2011 del 6,09 por ciento. En 2020 había caído al 5 por ciento.