La Justicia brasileña decretó el bloqueo de los bienes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su instituto y una de sus empresas para el pago de una deuda millonaria, confirmó hoy su defensa.

Un tribunal de Sao Paulo ordenó paralizar los bienes del expresidente, del instituto Lula y de la empresa L.I.L.S, encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales (8,8 millones de dólares) con el Estado.

La defensa de Lula señaló en un comunicado que en el marco de la operación "Lava Jato" se quiere retirar al expresidente "cualquier posibilidad de defensa al privarlo de sus bienes y recursos para garantizar un débito tributario que todavía está siendo discutido en la esfera administrativa".

Según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, "el expresidente no tiene los valores indicados en el documento y la decisión del bloqueo fue impugnada por recurso".

"Ni el Instituto, ni Lula, ni Paulo Okamotto (presidente del instituto) tienen 30 millones de reales", dijo en un comunicado la organización dirigida por el expresidente.

Lula (2003-2010) se encuentra preso desde el sábado en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso "Lava Jato".

La Justicia dio por probado que Lula favoreció a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras y que la empresa lo recompensó con un apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo.

La defensa considera que la condena contra Lula no tiene "base legal" y que su prisión afronta la "presunción de inocencia asegurada en la Constitución".

Desde su encarcelamiento, Lula solo ha recibido la visita de sus abogados y la justicia prohibió la víspera la visita de nueve gobernadores de estado, tres senadores y un líder del Partido de los Trabajadores (PT).

STF Postergan una semana discusión sobre arresto a condenados en segunda instancia 

La Corte Suprema brasileña no discutirá el miércoles un caso que podría permitir al ex presidente Lula recuperar su libertad poco después de haberla perdido porque el juez que iba a pedir el inicio del debate suspendió esa acción por cinco días, echando por tierra una expectativa generalizada.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello había anticipado el fin de semana que llevaría el proceso al plenario el miércoles para definir si es constitucional arrestar a condenados en segunda instancia antes de que se agoten todos sus recursos en tribunales superiores, como es el caso del exmandatario (2003-2010).

Pero este martes en la noche, Mello decidió suspender por cinco días la presentación de la acción a pedido del pequeño partido de extrema derecha que la había solicitado en mayo de 2016, el PEN (Partido Ecológico Nacional).

Ese partido entró en crisis cuando se dio cuenta que su Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) podría eventualmente liberar al líder de la izquierda, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

"Siempre estuve contra la izquierda y me arrepiento mucho de haber entrado con esta acción", dijo el presidente del PEN, Adilson Barroso, al diario O Globo.

Conmocionado ante lo que podría provocar, Barroso trató de dar marcha atrás presentando un recurso y despidió al abogado que había presentado el ADC, conocido como "Kakay", que defiende acusados en el marco de la Operación Lava Jato, pero no a Lula.

Sin embargo, el juez del STF Alexandre de Moraes recordó este martes que ya no hay nada que hacer porque, en una acción de esta naturaleza, "no es posible un cese". "Después que ingresó, el Supremo la juzgará", manifestó el magistrado.