La Justicia Federal de Brasil ordenó este miércoles bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el asalto del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
Así, la Justicia brasileña dio luz verde a esta decisión, solicitada por la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes, según recoge el diario O Globo.
Entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná -estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo- y a quien se le bloqueó un coche de lujo para, con él, pagar los gastos ocasionados por los desperfectos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.
Por otro lado, a un empresario de Santa Catarina también se le bloquearon hasta cinco vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se la han bloqueado hasta siete autobuses.
Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.
Esta decisión de la Justicia brasileña se da en el marco de la respuesta de las autoridades al asalto a los poderes del Estado que tuvo lugar el pasado 8 de enero, un episodio que recuerda al ocurrido en enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y respecto al que ahora se trata de averiguar la vinculación que pudiera haber tenido el propio Bolsonaro.
