La justicia peruana dispuso este lunes ampliar por 14 meses la prisión preventiva contra el expresidente de ese país, Pedro Castillo, quien está acusado del delito de rebelión en el marco de las investigaciones por el presunto golpe de Estado, en diciembre de 2022.

El juez Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al acoger en parte la solicitud de la fiscal Galinka Meza para prolongar la medida cautelar contra el exmandatario, que enfrenta un pedido de una pena de 34 años de prisión.

Inicialmente, en la audiencia se evaluó la solicitud de 18 meses de la Fiscalía, pero el magistrado declaró fundado sólo en parte el pedido, determinando que el período requerido por la persecutora no era proporcional.

Por ello, el juez Checkley argumentó que teniendo en cuenta el tiempo que se requeriría para un posible juicio oral, así como el número de acusados (ocho en total), la ampliación de la prisión preventiva alcanzará a los 14 meses, a contar del 7 de junio del presente año y hasta el 6 de agosto del 2025, de acuerdo al reporte de la emisora local RPP.

Pero las medidas cautelares sobre el exgobernante izquierdista de Perú no terminan ahí. También está vigente una segunda orden de prisión preventiva por el plazo de 36 meses en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción en el manejo de recursos en empresas del Estado.

En la audiencia de este lunes el exmandatario confirmó el cambio de abogado, el número 26 en la lista de profesionales que han actuado en su defensa legal desde que ingresó al penal limeño de Barbadillo, en diciembre de 2022.

El exministro de Defensa y actual abogado del exjefe de Estado, Walter Ayala sostuvo que Castillo que nunca debió ser detenido ya que la Fiscalía lo acusa de haber cometido el delito de rebelión.

“La mayoría de personas dice ‘intento de golpe’, entonces estaríamos hablando de tentativa, pero el Ministerio Público lo está acusando por rebelión y no por tentativa. Hay varios juristas que han dicho que no ha habido golpe de Estado y no ha habido un delito de rebelión porque no ha habido alzamiento en armas”, señaló el jurista, quien declaró que las disposiciones del Ministerio Público peruano deberían ser declaradas inválidas.