En Argentina, los 16 son el año en que los adolescentes adquieren derechos electorales y responsabilidad penal. Es en aquella edad en que pueden asistir a las votaciones de toda índole, y cuando pueden ser imputados. Pero eso podría cambiar, luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca reducir dicha cifra hasta los 14 años, en el primer caso, y los 13, en el segundo.
La idea de reducir la edad de votación, por otro lado, es una que ronda en los pasillos de la Casa Rosada, sin ser oficializada aún. “Si te pueden imputar un delito, lo razonable sería que también puedas votar”, dicen en el entorno del presidente, señaló el diario Página/12.
Pero la jugada ha despertado suspicacias. El conocido respaldo juvenil hacia Milei podría explicar la intención de impulsar una ley de estas características en un año sin comicios, a la espera de las de medio término, en 2025. Esto, sin embargo, es desechado por las filas libertarias.
Imputabilidad e inseguridad
Tras lograr la aprobación reducida, pero con lo central de la Ley Bases (también conocida como “ómnibus” debido a su extensión inicial), ahora la administración del mandatario libertario parece abocarse en otra de las preocupaciones sociales, según encuestas. Con la economía cubierta por los cambios en el ecosistema económico planteada por la Ley Bases, considerando que busca la desregulación de la economía, ahora viene la seguridad.
Liderando los sondeos en cuanto a preocupación ciudadana, incluso por sobre la inflación, la inseguridad se ha transformado en una piedra en el zapato para Milei. A la larga crisis en Rosario por el narcotráfico y la violencia armada, donde se incluye el caso de un sicario de 15 años que asesinó sin tapujos a un bombero en una gasolinera rosarina, se sumó la desaparición de Loan, un niño de 5 años que lleva sin ser encontrado desde el 13 de junio.
Con ello como marco, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, anunciaron que el Gobierno Nacional enviará al Congreso el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil. En la práctica, y a modo de resumen, esto permitiría que los niños y adolescentes puedan ser imputados por alguna violación al Código Penal de Argentina.
Los funcionarios señalaron que la ley busca igualar un desfase normativo existente frente a otros países de la región, como es el caso Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Chile. En el caso chileno, y según la Ley 20.084, “todos/as los y las adolescentes entre 14 y 17 años que son responsables ante la ley penal, tienen derecho a defensa gratuita y especializada, y en el evento de ser condenados/as a sanciones privativas de libertad, no serán derivados/as a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales para adolescentes”, especifica la Defensoría de la Niñez. En cambio, Brasil cuenta con un límite inferior de imputabilidad de 12 años.
En la misma línea, los responsables de la seguridad y la justicia argentina añadieron que buscan “la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos”.
Otro pilar destacado por los impulsores de la ley es hacer hincapié en “la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad”.
Así lo cree Patricia Bullrich, quien planteó durante una conferencia de prensa que La Libertad Avanza, el conglomerado gobernante, viene “a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.
La ministra de Seguridad prosiguió al asegurar que “esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”.
Al igual que en Chile, la propuesta oficialista busca que los menores de entre 13 y 18 años que sean condenados, cumplirán la pena en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
Su par de Justicia, Mariano Cúneo, añadió que “todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
Mediante un comunicado, el propio jefe de cartera se explayó sobre la propuesta de ley indicando que “combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación”. También justificó la medida en la antigüedad de la norma, puesto que la que “rige actualmente es de la década de 1980. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”.
En un tono más frontal, el Ejecutivo se refirió a la propuesta señalando que “se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien”.
En la misma tónica, pero incluyendo a sus predecesores, la administración Milei añadió: “Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del 80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”, detallaron desde el Poder Ejecutivo, según consignó el diario Ámbito Financiero.
“Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia”, cerraron.
Pero hay otro factor que genera preocupación, apuntó The Associated Press, y guarda relación con lo que ocurriría con los menores de 13 años, es decir, los no imputables aún bajo las posibles modificaciones.
Según la agencia de noticias, el juez se vería obligado a ordenar la internación de los involucrados para su readaptación social, “ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos”.
Una de las voces críticas de la propuesta libertaria es Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés), que alertó que “en Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”, explicó AP.
Desde el punto de vista del organismo de la ONU, “existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”. Prosiguiendo el mismo hilo argumentativo, el ente añadió que en “la mayoría de los delitos cometidos por menores de edad hay adultos involucrados… por eso se requieren mayores esfuerzos desde las políticas de seguridad hacia los adultos para evitar que esa cooptación ocurra”.
Votación de menores
La propuesta de reducir la edad mínima para votar en Argentina no es nueva. Es más, fue el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner el que propuso que se pasara desde los 18 años el tope para la participación electoral, hasta los 16. Y así se mantiene hasta el presente.
En las antípodas ideológicas, la administración Milei estaría sopesando la integración de una nueva modificación en este aspecto, pasando hasta los 14 años la edad requerida para asistir a las urnas.
Esta idea se enmarca en un proyecto mayor de una reforma electoral que, según CNN, el mandatario libertario busca que sea aprobado antes de diciembre para que así rija en las elecciones legislativas de 2025.
“Lo razonable sería que estén equiparadas” las edades de imputabilidad y votación, dijo un funcionario al diario El País, reafirmando lo que Página/12 había reportado. La administración Milei añadió que, si pasa al proyecto final, mantendría la lógica actual, siendo voluntario el voto para los menores de 18.
Junto con ello, la reforma contempla la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de listas abiertas y, posiblemente, una boleta única. Todo esto conllevaría un cambio importante en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, aseguró Página/12. Según el medio, en La Libertad Avanza confían en que en la juventud hay muchos votantes libertarios, lo que podría beneficiarlos en los comicios de medio término, en 2025.
Conscientes de ello, la Casa Rosada salió a decir a través de sus funcionarios que el cambio de edad para poder sufragar no responde necesariamente a un cálculo electoral, consignó CNN. En cambio, señalan, se vincula a la ampliación de derechos. Se espera que presenten el paquete de reformas entre 30 y 40 días más, esperando que se apruebe a más tardar en diciembre.
