“Tomé la decisión de convertirme en fiscal porque soy hija de unas personas que, como estos días, se manifiestan y gritan en las calles pidiendo justicia”, dijo Kamala Harris recientemente en una entrevista, en medio de las protestas tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. “Quería acceder al interior del sistema y no tener que pedir permiso para transformar cosas”, agregó la compañera de fórmula del demócrata Joe Biden.
Sin embargo, algunos sectores de izquierda la acusan de haber hecho poco contra la violencia policial y las detenciones raciales. Muchos ven en su figura a una especie de Jekyll y Hyde, a una política comprometida pero cercana a la policía. De hecho, ella se ha descrito como una “policía de alto nivel” y una “fiscal progresista”.
Fue en la Universidad de Howard, considerada “el Harvard de los afroamericanos”, donde consolidó su identidad de mujer negra y política.
Más adelante, Harris se licenció en Leyes por la Universidad de California y empezó su carrera de fiscal en el distrito de Alameda. En 2003 se convirtió en fiscal de San Francisco y fue la primera mujer elegida fiscal de California.
En general, la exfiscal ha sido una voz fuerte a la hora de denunciar malas conductas policiales, algo que podría ser fundamental en la carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, ha luchado también por conciliar sus llamados a la reforma con su carrera en la aplicación de la ley.
En su libro de 2009, Smart on Crime, la senadora demócrata escribió que “si levantamos las manos de aquellos a quienes les gustaría ver más agentes de policía en la calle, la mía se dispararía hacia arriba”, agregando que “prácticamente todos los ciudadanos se sienten más seguros cuando ven a los oficiales”.
Sin embargo, tras el asesinato de Floyd en Minneapolis, la actual candidata a la Vicepresidencia dijo a The New York Times que “es un pensamiento de status quo creer que poner más policías en las calles crea más seguridad. Eso simplemente está mal”.
Como fiscal impulsó una serie de reformas a la justicia penal, como la obligación de las cámaras corporales en el Departamento de Justicia de California, aunque no apoyó la obligación de portarlas por parte de la policía. Una de sus iniciativas más elogiadas fue OpenJustice, una base de datos que proporcionó acceso público a las estadísticas de delitos recopilados por el estado, lo que ganó el apoyo de grupos policiales y activistas.
Desde que se convirtió en fiscal general de California en 2011, había evitado intervenir en asesinatos relacionados con la policía. Más tarde, en medio de la indignación nacional por el asesinato de Michael Brown el 2014 en Ferguson, llegaron peticiones para que investigara una serie de tiroteos policiales en San Francisco, donde había sido fiscal de distrito. Sin embargo, no intervino, argumentando que excepto en circunstancias extraordinarias, no era su trabajo. De hecho, se mantuvo fuera de varios tiroteos que involucraban a policías, a menos que el fiscal de distrito local tuviera un conflicto de intereses o hubiera un “abuso obvio de la discreción de la fiscalía”.