Desde que ganó la elecciones hace medio año, Bernardo Arévalo sabía que no sería fácil. Con su movimiento Semilla, tuvo que enfrentar una transición particularmente complicada, perseguido constantemente por una fiscalía cercana al gobierno de Alejandro Giammatei, y que tuvo por máximo objetivo el impedir que Arévalo se pusiera la banda presidencial.
Por eso mismo, y desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente les pidió a sus conciudadanos el “acompañarlo” en su gestión, para así rescatar a las instituciones de la corrupción. “Inician hoy cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por una serie de obstáculos, muchos de los cuales no podemos prever en este momento. Sabemos que el cambio puede ser difícil”, indicó desde ahí.
Sociólogo, exdiplomático y filósofo, a sus 65 años Arévalo ocupa el puesto que un día ocupó su padre, Juan José Arévalo, durante lo que se conoció como “la primavera democrática de Guatemala”. Y al igual que su padre, el nuevo mandatario cuenta con no pocos enemigos para los próximos cuatro años.
El desafío más próximo lo vivió siendo presidente electo, durante el último semestre entero, cuando vivió lo que llama un “intento de golpe de Estado”: la oposición de la Fiscalía a su investidura, acusando a su movimiento de irregularidades electorales. Entre los distintos mecanismos que utilizó el Ministerio Público, se buscó retirarle la inmunidad a Arévalo, desarticular su partido político e incluso anular las elecciones que tuvieron lugar el 20 de agoto del año pasado.
Según Arévalo, todas las acusaciones que se le hacen a él y a su partido son espurias, y afirmó que una de sus primeras tareas en cuanto jefe del Ejecutivo será pedirle la renuncia a la fiscal general, Consuelo Porras. A la abogada se le conoce como la “autora” más clara del “pacto de corrupción” que incluye al gobierno de Alejandro Giammatei y Jimmy Morales. Porras ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos por “corrupción” y por “socavar la democracia”.
La fiscal está nombrada y ratificada hasta 2026, y Arévalo no tiene, en cuanto presidente, la facultad de destituirla. “El primer obstáculo es la Fiscalía. Es muy importante que salga la fiscal general que ha sido la operadora principal del pacto de corruptos”, declaró a AFP Manfredo Marroquín, cofundador de Acción Ciudad.
En entrevista con El País, la diputada de Semilla Andre Reyes comentó: “Entendemos que lo que viene es mucho más pesado. No va a ser fácil teniendo en contra a varias instituciones del Estado que se declararon golpistas desde el día uno”.
Si el Poder Judicial le trae problemas al nuevo presidente, tampoco es que el Poder Legislativo esté de su lado. El nuevo gobierno del Movimiento Semilla será minoría, con 23 diputados en una cámara de 160 escaños, y además, sobrepasado por la “bancada oficialista” saliente, los 28 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y los 39 de Vamos.
A esto se le suma una situación política fragmentada, con un total de 17 bancadas distintas en la Cámara, y 96 diputados que llegarán por primera vez al Congreso de la República. Así, la capacidad que tenga el movimiento Semilla de generar una mayoría que permita legislar será puesta a prueba.
Otro problema grande de Guatemala es el narcotráfico, que lleva décadas carcomiendo las instituciones del Estado. Con México como vecino en la frontera norte, el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa se asocian con redes de tráfico a través del país, dirigidas por el clan de Los Huistas, según asegura Insight Crime, para garantizar el suministro de cocaína desde Centroamérica.
Ya durante el año pasado, el excoronel Otto Fernando Godoy confesó haber ayudado al Cartel Jalisco Nueva Generación a transportar cocaína, confirmando así las denuncias que hablaban de corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas. Ya entre los 2000 y 2010, Los Zetas habían reclutado y establecido un extenso sistema de sobornos con la policía guatemalteca.
Para 2007, el gobierno llegó a pedirle a la ONU ayuda, estableciendo lo que se conoció como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y cuyo fin era luchar contra la corrupción del país: este organismo logró llevar a 200 funcionarios a juicio con 400 condenas. A pesar de ser alabada por Estados Unidos y la Unión Europea, la Comisión fue desmantelada en 2019 con el beneplácito del entonces presidente Morales, a medida que las investigaciones cercaban al ejecutivo.
A la corrupción crónica se le suma, además, una economía que no avanza, y que ha provocado la emigración de miles de guatemaltecos, según indica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Hoy por hoy, Arévalo recibe el mando de uno de los países más desiguales de América Latina, con una tasa de pobreza del 59,3% en números del Banco Mundial.
Según Jordán Rodas, exprocurador de DD.HH. exiliado en Washington, Arévalo tendrá una tarea difícil: “Va a estar nadando en un pantano, dentro de una fauna salvaje, herida también”.
