Con grandes edificios de vidrio y cerca de 10 mil empleos en alta tecnología, el proyecto israelí “Silicon Wadi” promete llevar a Jerusalén Este al futuro, en medio de críticas de la oposición.

A través de un video, la Municipalidad de Jerusalén alaba el “potencial” del barrio mayoritariamente palestino de Wadi Al Joz, ubicado a los pies de la Ciudad Vieja y rodeado por extensas carreteras.

De acuerdo al ayuntamiento, el proyecto -que tendría un costo cercano a los US$ 600 millones- contempla 250 kilómetros cuadrados para empresas de alta tecnología, 50 kilómetros cuadrados para distintos tipos de comercios y otros 50 para hoteles.

Sin embargo, el plan -cuyo nombre hace referencia al “Silicon Valley” estadounidense- no es tan sencillo. Wadi Al Joz concentra numerosas ferreterías y talleres de reparación de autos. Más de 200 negocios palestinos han estado ubicados por décadas en la zona, y las autoridades deberán desplazarlos si quieren llevar a cabo el proyecto.

Aquellos que ya recibieron un aviso de expulsión quieren formar un comité para luchar contra la decisión. Sin embargo, una fuente palestina contó a La Tercera bajo condición de anonimato que, aunque se pueden defender ante el municipio, en la práctica no es tan fácil. “Es difícil comunicarse en hebreo, es costoso acudir a los tribunales y puede haber represalias. Además, la capacidad de los palestinos para ofrecer una alternativa es difícil”.

Preocupaciones

La misma fuente señala que aunque el “nuevo centro de alta tecnología” -como lo describe el municipio- puede efectivamente significar un avance, la población aún teme las consecuencias que pueda tener. “La inclinación es a rechazar el proyecto incluso sin estudiarlo y comprenderlo. Parece y puede tener elementos positivos, pero hay temor al desplazamiento y la erosión de los derechos. Incluso si emplea a algunos palestinos locales, será un medio para explotarlos, es mano de obra barata sin costo social”.

Aunque la municipalidad aseguró que “relocalizará” a los comerciantes ubicados en la zona, aún no hay claridad sobre qué sucederá con ellos. “La mayoría está alimentando a su familia, entonces el número no es solo 200, lo puedes multiplicar por un promedio de tres cada uno, y estaríamos hablando de 600 a 700 personas que se verán afectadas”, señala a La Tercera Ziad Abu Zayyad, activista palestino de Jerusalén.

El doctor Meir Margalit, exconcejal de Jerusalén por el partido de izquierda pacifista israelí Meretz, dice que aunque los afectados podrían recibir indemnizaciones, es muy poco probable. “Aquellos que no están registrados como dueños de locales tendrán muchos problemas para recibirlas. Generalmente son la mayoría, ya que los palestinos no acostumbran a registrarse en instituciones nacionales israelíes”, cuenta el político a este diario.

Además, agrega que es una medida que se ha prometido antes, pero solo ha ocurrido una vez. “El único caso de relocalización de desplazados fue en julio de 1967, cuando Israel echó a los residentes palestinos del barrio judío de la Ciudad Vieja y los relocalizó en Abu-Dis”, dice Margalit.

Quienes idearon el plan lo han defendido señalando que “aumentará la tasa de empleo de las mujeres en Jerusalén oriental” y “la confianza entre los habitantes de esta parte de la ciudad, el ayuntamiento y el gobierno”. Sin embargo, para Abu Zayyad, “todo es una especie de ecuación para desconectar un vecindario del otro al poner estas fronteras extrañas dentro de él, similares a los asentamientos que se construyeron para el uso de la población judía israelí en Silwan, el Monte de los Olivos y muchas otras áreas”. Pese a que ya genera polémica, el proyecto podría tardar un tiempo más en desarrollarse. “Está muy en pañales, muy lejos de concretarse. Yo no veo esto tomar forma en los próximos cinco, seis años”, concluye Margalit.