El 20 de marzo, solo dos semanas después de que Perú confirmara su primer caso de Covid-19, el Presidente Martín Vizcarra destituyó fulminantemente a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, en plena crisis por la pandemia, y en su reemplazo nombró a Víctor Zamora, “un profesional con experiencia” en la gestión de la salud pública.
Hinostroza, médica cirujana con un máster en Salud Pública y un doctorado en Medicina, además de general de la Policía Nacional, había asumido el cargo hace apenas cuatro meses, mientras se desarrollaba la crisis del coronavirus. Durante ese período recibió críticas de distintos colegios médicos y enfermeras por la escasa preparación del país en los meses anteriores a la pandemia. Sin embargo, la gota que parece haber colmado el vaso fue la muerte de una persona que pasó varios días en su casa esperando que se le entregara el resultado de un examen de Covid-19.
Tras pasar nueve meses en el cargo y en medio de la emergencia por el coronavirus, el 21 de marzo, el Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Catalina Andramuño. “Durante la crisis del Covid-19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del gobierno”, expresó en su carta de renuncia Andramuño, quien aseguró que el Ministerio de Salud venía preparándose desde diciembre de 2019 para esta crisis. Sin embargo, “enfrentarla sin recursos es complicado”, confesó la exministra. En su lugar, asumió el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas de Ecuador, el cardiólogo Juan Carlos Zeballos, experto en epidemiologías.
Según el diario Expreso, Andramuño no salió en buenos términos de la cartera de Estado. Entre los motivos de su salida, de acuerdo con su carta de renuncia, estaba la supuesta poca colaboración con recursos económicos para el enfrentamiento de la crisis sanitaria por el coronavirus. Pese a que ella, días previos a su dimisión, dijo que el Ministerio a su cargo contaba con los recursos económicos. La misiva provocó la reacción del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien en su cuenta de Twitter calificó como “falso” el argumento de Andramuño. Pese a su polémica salida, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que la exsecretaria de Salud, funcionaria con nombramiento, regresó como analista del Ministerio.
En menos de un mes, Brasil vio la caída de dos ministros de Salud que hicieron público su desacuerdo con las políticas del Presidente Jair Bolsonaro de combate a la pandemia. El 15 de mayo Nelson Teich anunció su dimisión a la cartera que asumió el 16 de abril, el mismo día que el mandatario informó de la remoción del anterior ministro Luiz Henrique Mandetta.
Así como su antecesor, Teich chocó con Bolsonaro por el uso del medicamento cloroquinina para el tratamiento contra el coronavirus, así como por sus censuras a las medidas de restricción de la circulación de personas para frenar la pandemia. Estas fueron las razones, según la prensa brasileña, que colmaron la paciencia de este oncólogo, que llegó al gobierno sin experiencia alguna en la gestión pública.
En reemplazo de Teich asumió el general de Ejército Eduardo Pazuello, a pesar de no contar con experiencia en el área y en medio del agravamiento de la pandemia en Brasil. De acuerdo con el currículo divulgado por el Ministerio de Salud en Twitter, Pazuello solo posee formación y experiencia militar. Pero, además, destacan premios que obtuvo por su trabajo como “gran oficial de la orden del mérito militar y la insignia del comando dorado”.
En Bolivia, en tanto, la Presidenta interina Jeanine Añez designó el 28 de mayo a Eidy Roca como nueva ministra de Salud luego que se iniciara una investigación contra el extitular de la cartera, Marcelo Navajas, detenido en el marco de una investigación por la presunta compra de 170 ventiladores mecánicos con sobreprecios.
El contrato para la compra de los ventiladores había sido cuestionado por el costo pagado, algo más de US$ 27.000 por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades. Además, expertos han señalado que los aparatos no sirven para enfrentar la emergencia, pues no son aptos para tratamientos intensivos.
