La diputada francesa Laetitia Avia, de origen togolés, todos los días recibe mensajes racistas por Twitter. Por eso, la legisladora de La República en Marcha, el partido del Presidente Emmanuel Macron, se ha vuelto la cara visible de la lucha contra la incitación al odio en línea, y lidera la norma que busca imponer nuevas obligaciones sobre las redes sociales y páginas de búsqueda, que deberán eliminar el contenido de odio de sus plataformas, so pena de fuertes sanciones.

La propuesta de ley ya fue tramitada esta semana por la Asamblea Nacional de Francia y deberá someterse a una votación final el próximo martes. La principal medida del proyecto obliga a las plataformas digitales y a los buscadores (Google, Bing, etc.) a que eliminen en 24 horas cualquier contenido ofensivo. En caso de negarse a cooperar con la justicia francesa, YouTube, Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma de internet con alto tráfico, recibirán una multa de hasta el 4% de su facturación anual global, o casi 1,25 millones de euros.

La legislación es una apuesta para combatir el odio, la violencia, la discriminación, los insultos racistas o religiosos. También se busca prohibir los mensajes, videos o imágenes que constituyan provocaciones a actos de terrorismo o que involucren un ataque a la dignidad de la persona humana. Lo mismo con el contenido que constituye acoso, proxenetismo o pornografía infantil.

"Este proyecto de ley trae consigo mi historia: la de una mujer que ya no puede ser tratada como una 'negrita' en las redes sociales", dijo Avia al comienzo de los debates, quien en las últimas semanas ha publicado en las mismas redes los mensajes que recibe.

El texto está inspirado en una legislación similar adoptada por Alemania en 2018. "Lo que no se tolera en la calle o en el espacio público no se debe tolerar en internet. Por eso, el legislador es el responsable de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todos", se lee en el texto.

Así, un botón permitirá señalar los mensajes de odio y las personas que los denuncien deberán proporcionar sus datos de contacto y sus motivos. Los contenidos ilícitos retirados deberán ser conservados durante el plazo de un año, en caso de que sean requeridos por la justicia, y, para poner fin a la impunidad de los autores, se creará la oficina de un fiscal especializado en la lucha contra el odio en línea.

Para algunos detractores, sin embargo, este proyecto otorga demasiado poder a las plataformas, al convertirlas en árbitros de la libertad de expresión.