Desde hace años, el número de personas en situación de calle ha ido aumentando en Nueva York. Es muy probable que quienes hayan visitado la ciudad recientemente hayan caminado o compartido el Metro con alguien que no tiene un hogar. El alto costo de la vida, sumado a un incremento en los arriendos, ha provocado que en la actualidad la falta de vivienda en la Gran Manzana haya alcanzado los niveles más altos desde la Gran Depresión de la década de 1930.

En una ciudad de más de 8,4 millones de habitantes, casi uno de cada 120 neoyorquinos no tiene hogar, es decir, 70.000 hombres, mujeres y niños, dice la organización Coalition For The Homeless. Se estima que 3.400 personas viven sin techo en el Metro, en las calles de Manhattan o en uno de los otros distritos. Sin embargo, la gran mayoría de los neoyorquinos sin hogar pasa la noche dentro del sistema de refugios de la ciudad, donde permanecen ocultos. Estas cifras han sido cuestionadas, porque dicen que en la realidad son aún mayores.

Por ejemplo, en septiembre de 2022 había 60.252 personas sin hogar, incluidos 19.310 niños, que dormían cada noche en el principal sistema de refugios municipales de la ciudad de Nueva York. Casi un récord de 20.764 adultos solteros durmieron en refugios cada noche en septiembre pasado.

Los estudios han demostrado que una gran mayoría de los neoyorquinos sin refugio tienen enfermedades mentales u otros problemas de salud graves, y una serie de ataques callejeros aleatorios en el transcurso de la pandemia ha afectado la sensación de seguridad de la ciudad.

Ante esta situación, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció un plan para sacar de las calles a las personas con enfermedades mentales graves y no tratadas y ordenó a las autoridades internar a las personas de manera involuntaria si se cree que son perjudiciales para ellas mismas, no solo para los demás.

El demócrata aclaró que existe un “área gris donde la política, la ley y la responsabilidad no han sido claras”. A su juicio, se instará a los trabajadores comunitarios y a los agentes de policía a intervenir cuando se crea que alguien tiene una enfermedad mental tan grande que le impide “satisfacer sus necesidades humanas básicas, lo que lo convierte en un peligro para sí mismo”, dijo Adams.

Se tomarán medidas para internar a las personas de manera involuntaria, “incluso si no son una amenaza inminente para el público”, señaló, agregando que “persiste un malentendido común” de que tal acción solo podría tomarse si la persona es violenta, suicida o presenta un riesgo inminente para el público.

“Necesitamos cambiar esa cultura y aclarar nuestras expectativas”, comentó. “No más caminar o mirar hacia otro lado”. Pero el anuncio, enmarcado por Adams como un “enfoque en la acción, el cuidado y la compasión”, enfrentó críticas inmediatas sobre si era práctico, apropiado o legalmente permisible. A juicio del diario The New York Times, se involucró “en un problema que durante años ha impulsado políticas y frustrado a los legisladores, en ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo”.

Adams está “jugando rápido y suelto con los derechos legales de los neoyorquinos y no está dedicando los recursos necesarios para abordar las crisis de salud mental que afectan a nuestras comunidades”, afirmó en un comunicado Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, citada por el diario The Washington Post.

“Las Constituciones federal y estatal imponen límites estrictos a la capacidad del gobierno para detener a personas que padecen enfermedades mentales, límites que es probable que viole la ampliación propuesta por el alcalde”, dijo. “Obligar a las personas a recibir tratamiento es una estrategia fallida para conectar a las personas con el tratamiento y la atención a largo plazo”, agregó.

Elyn Saks, profesora de Derecho, Psicología y Psiquiatría en la Universidad del Sur de California, indicó a The Washington Post que la normativa probablemente era legal y señaló que el fallo de la Corte Suprema de 1975 en O’Connor vs. Donaldson determinó que era ilegal confinar a alguien en contra de su voluntad si pueden vivir con seguridad por su cuenta.

Según la alcaldía de Nueva York, si la falta de vivienda se usa como el estándar para el peligro que representa para la persona, “eso sería constitucional”, dijo Saks al diario, aunque agregó que su legalidad no significaba necesariamente “que sea deseable o algo bueno”.

Saks, quien ha escrito sobre su propia experiencia de internamiento involuntario, comentó que el enfoque debe ser encontrar formas de hacer que las personas busquen o acepten ayudar por su cuenta, lo que dijo que era “una solución más sostenible”.

La cantidad de neoyorquinos sin hogar que duermen cada noche en refugios municipales ahora es un 26% más alta que hace 10 años. El número de adultos solteros sin hogar es un 99% más alto que hace 10 años.

Las familias que ingresan a los refugios pertenecen predominantemente a unos pocos códigos postales agrupados en los vecindarios más pobres de Nueva York. Sin embargo, las familias sin hogar y los adultos solteros provienen de todos los distritos comunitarios de la ciudad antes de ingresar a los refugios.

Las investigaciones muestran que la causa principal de la falta de vivienda, particularmente entre las familias, es la falta de residencias asequibles. Las encuestas de familias sin hogar han identificado las siguientes causas principales inmediatas y desencadenantes de la falta de vivienda: desalojo; viviendas duplicadas o gravemente superpobladas, violencia doméstica, pérdida de trabajo y condiciones de vivienda peligrosas.

Las investigaciones muestran que, en comparación con las familias sin hogar, los adultos solteros sin hogar tienen tasas más altas de enfermedades mentales graves, trastornos de adicción y otros problemas de salud graves.

En la ciudad de Nueva York, la falta de vivienda afecta de manera desproporcionada a las personas negras, según la organización Coalition For The Homeless. Aproximadamente el 56% de los jefes de familia en los refugios son afroamericanos, el 32% son latinos, el 7% son blancos, menos del 1% son asiático-americanos o nativos americanos y el 4% son de raza/etnicidad desconocida.

Un conductor de camión, que se negó a compartir su nombre, dijo a The New York Times que le preocupaba que una mayor interacción con la policía pudiera ser mortal para los negros con enfermedades mentales de la calle. “Pensé que querían tener algún tipo de defensa para tratar con las personas con enfermedades mentales”, señaló. “Pensé que eso era lo que se suponía que debían estar haciendo. ¿Quieres enviar más policías a las personas con enfermedades mentales?”, comentó al periódico.

La política de Adams no es la primera en Estados Unidos. De hecho, The New York Times recuerda que la atención de la salud mental para las personas sin hogar ha sido un dilema legal durante más de medio siglo en California, desde un cambio nacional hacia la desinstitucionalización y una ley de 1967, firmada por Ronald Reagan, entonces gobernador del estado, que tenía por objeto salvaguardar los derechos civiles de los californianos que padecían enfermedades mentales.

El Estado ha gastado decenas de miles de millones de dólares en personas sin hogar, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados tanto por los vecindarios que se resisten a la construcción de refugios y viviendas de apoyo como por problemas estructurales que, por ejemplo, hacen que las ciudades sean responsables de albergar y dar refugio a las personas sin hogar, pero ponen a los condados a cargo del financiamiento público necesario para proporcionar a los enfermos mentales un tratamiento continuado.

Hay cerca de 42.000 personas sin hogar en Los Ángeles, la mayoría de ellas sin refugio, según datos recientes del condado. Alrededor de una cuarta parte de los adultos sin hogar han sido identificados con una enfermedad mental grave, según el informe. Bajo un programa administrado por el condado, los psiquiatras trabajan en las calles para conectar a las personas con enfermedades mentales sin refugio para que las atiendan.

En Chicago, la falta de vivienda es un problema endémico que se ha vuelto más visible desde la pandemia, particularmente porque han crecido los campamentos debajo de los viaductos cerca del lago Michigan y en los parques. Los empleados de la ciudad y las ONG trabajan para conectar a las personas sin hogar con servicios y vivienda. Thresholds despliega equipos móviles de trabajadores en camionetas para tratar de involucrar a las personas sin hogar y ayudarlos a recibir atención médica primaria, tratamiento de salud mental y medicamentos, entre otros servicios.

La falta de vivienda en Londres y otras partes de Inglaterra ha ido en aumento en la última década, producto de una crisis inmobiliaria más amplia en el país que se ha visto exacerbada por el aumento de los precios de las propiedades y los arriendos en la capital británica.

Según The New York Times, hubo indicios de que la tendencia estaba comenzando a cambiar de rumbo en los últimos años, de manera más marcada durante la pandemia, cuando el gobierno ordenó que los consejos locales proporcionaran alojamiento de emergencia a las personas que vivían en la calle. Desde el otoño de 2019 hasta el otoño de 2020, la cantidad de personas que “durmieron en la calle” en Londres en una noche determinada se redujo en un 44%.

El periódico aclara que esas ganancias podrían ser de corta duración, debido a que Reino Unido lucha contra la inflación vertiginosa y el aumento de los costos del combustible que amenazan con empeorar la crisis del costo de vida, mientras la falta de vivienda parece volver a aumentar.