El think tank Diálogo Interamericano anunció el lanzamiento de un grupo de trabajo del sector privado para fortalecer el Estado de derecho en las Américas, dado el contexto de declive democrático en la región. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de Derecho y Buena Gobernanza está conformado por 22 miembros, que incluyen representantes del sector privado y exfuncionarios gubernamentales de 12 países de las Américas, incluido Chile.
Según un diagnóstico realizado en mayo por el think tank, los principales problemas que afectan a los países de América Latina y el Caribe son ineficiencias crónicas y corrupción en varios niveles de los poderes Ejecutivos y Legislativo, falta de independencia, politización y corrupción dentro del poder Judicial; inseguridad reflejada en altos niveles de delincuencia y violencia y la expansión dramática del uso (y mal uso) de las redes sociales.
El diagnóstico de Diálogo Interamericano indicó, en un comunicado de prensa, que es relevante para el sector privado involucrarse debido a que “los actores del sector privado han enfrentado durante décadas desafíos vinculados a la debilidad del Estado de derecho y la falta de seguridad jurídica. Esto ha complicado las decisiones tanto de empresas locales como internacionales sobre inversiones y operaciones diarias”.
Para Tamara Taraciuk, directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de derecho en Diálogo Interamericano, “ante el declive democrático en la región, es fundamental involucrar al sector privado en iniciativas que fortalezcan el Estado de derecho. Los líderes empresariales no van a, necesariamente, hablar de democracia o derechos humanos, sino que hablan otro lenguaje: precisan reglas del juego claras y certeza jurídica para operar”.
“Para ello, al final de cuentas, necesitan elementos esenciales del Estado de derecho, como la independencia judicial, regulación del dinero en la política, transparencia, etc. Esta iniciativa busca promover mayor involucramiento del sector privado en proyectos que fortalezcan la institucionalidad democrática, lo cual ayuda a hacer mejores negocios, pero también a frenar retrocesos democráticos en la región. En una región tan polarizada, el sector privado tiene la posibilidad de ir más allá y unirse en estas preocupaciones y soluciones comunes”, explica.
Así, el informe del think tank también indica seis áreas prioritarias para el liderazgo del sector privado, entre las que se encuentran la autorregulación y anticorrupción a nivel empresarial, la independencia judicial y la transparencia (donde se señala que es clave despolitizar las decisiones fiscales y judiciales), la regulación del dinero en la política, la ética pública y anticorrupción (con capacitaciones profesionales para funcionarios públicos) como elementos clave de la modernización del Estado, la educación ciudadana y ética pública y los costos reales de la inseguridad y la corrupción.
Sobre la seguridad, para el exministro de Interior y Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien forma parte del grupo que encabeza esta iniciativa, “en muchas ocasiones en Latinoamérica y el Caribe, que es el foco de atención de este grupo, el Estado ha fallado o no ha logrado cumplir con esa misión. El sector privado se ha visto obligado a empezar a ejercer acciones de seguridad que deberían corresponder al Estado. Entonces, esa es la razón por la que el sector privado participa”.
Consultado respecto a por qué la seguridad es relevante en materia de Estado de derecho y sector privado, Hinzpeter explica que ésta “afecta la inversión extranjera, ya que las naciones extranjeras evalúan el nivel de seguridad de los países en que van a invertir. En Latinoamérica y el Caribe, en promedio, no todos los países son iguales, y esto es importante destacarlo, pero en promedio no tiene buenos niveles de seguridad. Y en el caso particular de Chile, su ambiente de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Entonces, un inversionista extranjero que tiene que evaluar y escoger el país donde invierte, obviamente se va a sentir menos atraído a invertir en un país con mayor inseguridad”.
Respecto al Poder Judicial, Hernán Larraín, expresidente del Senado y exministro de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, explica a La Tercera que es fundamental la participación del sector privado para asegurar la independencia del Poder Judicial, porque ésta garantiza que “se aplique la ley igual para todos, conforme lo ha establecido en el ordenamiento jurídico”.
“Cuando en Chile estamos empezando a sufrir el incremento de la corrupción, el debilitamiento de las instituciones ante el crecimiento del crimen organizado, la falta de fuerza del Estado de derecho y la ineficacia del Estado, hace bien reflexionar sobre estos temas desde la perspectiva de que el sector privado puede colaborar a fortalecer el imperio de la ley y la existencia de un buen gobierno”, valoró Larraín.
Consultado sobre qué medidas en particular han discutido para implementar desde el ámbito judicial, Larraín indica que las propuestas “van desde revisar el gobierno judicial, fortalecer los sistemas de nombramiento de los jueces, generar formas de detectar riesgo y amenaza para el funcionamiento independiente de los tribunales, modernizar el sistema judicial (incluyendo en el ámbito tecnológico), combatir la corrupción y asegurar que no haya impunidad de quienes la cometen, hasta asegurar la reinserción social de condenados para reducir la reincidencia y la delincuencia”.
El grupo de expertos creado por el think tank se reunirá nuevamente el 28 de octubre en Washington, donde discutirá nuevamente qué propuestas son las más prioritarias de las seis ya formuladas. “Estas seis ya tienen consigo prioridad, ahora hay que ver cuáles de ellas son más urgentes que otras, cuáles tienen más fuerza, sustento y base para poder ser impulsadas a continuación en las etapas que van a seguir después”, adelantó Larraín.
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